Constitución Andaluza y Estado de Alarma (IV)
Pactos de la Moncloa o Constitución Andaluza
Empecemos por un breve balance de los Pactos de la Moncloa de 1977 para los trabajadores y los pueblos. Los Pactos de la Moncloa significaron la derrota de las posiciones y organizaciones que defendían la ruptura con el régimen franquista y evidenciaron la victoria de posiciones y organizaciones que defendían la reforma del mismo para su continuidad, para que siguieran manteniendo en el poder los mismos de siempre, las clases dominantes (la banca, la gran empresa representada en el ibex, la Iglesia, el ejercito, etc) y los intereses fundamentales que ese régimen representaba no se tocaran en lo fundamental.
También significó la autodestrucción y autoliquidación del movimiento obrero más combativo, revolucionario y organizado de Europa, constituido desde la base, desde los tajos, organizados los trabajadores en las asambleas de fábrica, impregnado el movimiento de demandas democráticas incluso para las propias empresas con el control de la gestión por los obreros.
Significó el pistoletazo de salida en la pérdida continua y sostenida de los derechos conquistados y arrancados al franquismo con la cárcel, represión, sangre y muerte de miles de luchadores antifranquistas, anticapitalistas, comunistas, … que se jugaron literalmente la vida por la liberación de la clase obrera y los pueblos trabajadores oprimidos por el Estado.
Significó la dilapidación y autodestrucción del capital moral, ético, ideológico, político y organizativo de la clase obrera, revolucionaria, anticapitalista y antifascista construido a lo largo de décadas de lucha contra el franquismo.
Significó el reforzamiento del marco de la economía de mercado, siendo la antesala y preparación del terreno para las políticas neoliberales de destrucción y precarización del empleo mediante reconversiones industriales, y destrucción de la pequeña y mediana empresa mediante una legislación ad hoc. Supuso un espaldarazo y legitimación de las políticas neoliberales que hemos venido sufriendo los últimos 40 años, con el objetivo declarado de los pactos de: “lograr una mayor libertad de mercado y reducir la intervención directa del Estado en los mismos”.
Supuso un reconocimiento y legitimación de los recortes sociales, y la reducción del llamado “gasto público”, la reducción y limitación de costes salariales, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la facilitación del despido, (con la ley de relaciones laborales de 1976 arracada al franquismo, era el trabajador ante un despido sin causa justificada, quien decidía si era readmitido por la empresa o aceptaba una indemnización por despido),así mismo, supuso la precarización del empleo y la autorización de la contratación temporal para la juventud, el aumento de la desigualdad social, el necesario encuadramiento de la actividad sindical para favorecer todo lo anterior, el reconocimiento legal de privilegios y exenciones en impuestos de sociedades con la justificación de incentivar la creación de empleo, y una reforma fiscal que no se acercaba ni de lejos a la progresividad de los sistemas fiscales europeos y que no ponía en cuestión los intereses de las grandes empresas y la banca vía impuestos.
También supuso el reforzamiento de la enseñanza privada y concertada, la formulación de una serie de medidas que supuestamente pretendían dar acceso a la vivienda a la población con menor renta, pero ya vemos como ha acabado este capítulo del derecho a la vivienda, fue el antecedente legal a la especulación sobre el suelo. Supuso la desregularizarización del mercado hipotecario y bancario, las cajas de ahorro pasaban a ser controladas por el banco de España, y ya sabemos donde ha acabado todo eso con el nepotismo, la corrupción, el robo de cuello blanco y la crisis del sistema financiero en 2008 con su epicentro en las cajas de ahorro.
En el balance de algunos aspectos positivos, el pacto proponía el incremento de las pensiones y los seguros de desempleo y subvenciones a trabajadores agrarios y del mar pero ello tenía un objetivo claro, hacer frente y amortiguar la conflictividad social y como mecanismo mantenimiento de la paz social.
Y las medidas que podían ser positivas para el pueblo, lejos de haberse cumplido hoy día, se ha ido en sentido contrario y ha empeorado la situación, por ejemplo: el pacto proponía “mejora de la comercialización en origen, con objeto de que los productores asuman una parte creciente del proceso de distribución.” o “transparencia del escalón mayorista, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios.”
En definitiva, los Pactos de la Moncloa fueron la puesta de las bases económicas de la transición, significaron la carga de los costes de la crisis sobre los trabajadores y los más desfavorecidos socialmente a pesar de que siempre dicen, que se trata de lo contrario de repartir los costes, y de no dejar a nadie atrás en las crisis, pues en aquella ocasión también lo decían en el pacto: “la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales” y ya, con perspectiva histórica y el discurrir de los acontecimientos vimos que pasó.
Sus resultados los hemos sufrido y estamos sufriendo, son evidentes. Privatizaciones de banca pública y empresas estratégicas joyas de la corona, de transporte, comunicaciones, energía, y reconversiones industriales, todo ello con sus consecuentes pérdidas de cientos de miles de empleos, que han servido para aumentar y consolidad las grandes fortunas del Ibex 35; participadas por los grandes bancos, que año tras año baten record de beneficios.
Y en definitiva, significó la aceptación del dogma capitalista del crecimiento económico, del aumento de la tasa de ganancia como mecanismo para salir de la crisis y hacer el engaño de la supuesta “recuperación de todos”. Y con todo ello, la consolidación y reforzamiento de un estado y un régimen político, económico e ideológico de dominación del capital, de dominación de las clases explotadoras, justo en el momento en el que su antiguo régimen franquista estaba más debilitado y puesto en cuestión. Para más adelante, con la Constitución acabar imponiendo a la monarquía constitucionalmente impune, con sus privilegios y su presunta corrupción como propietaria vitalicia de la jefatura de este Estado.
Aquel PCE y aquellos comunistas del PCE, capitaneados por Carrillo, hicieron una labor impagable al capital, nunca se lo podrán agradecer suficientemente (bueno, muchos de ellos tienen o han tenido estupendos sueldazos y puestazos, Roma si paga traidores), cuando se reconvirtieron a la socialdemocracia con el “eurocomunismo” para acabar resultando ser, lo que la socialdemocracia de toda la vida ha sido, el mejor gestor del capital en época de crisis. Nunca, ninguna dirección del PCE ha hecho un análisis autocrítico de su papel en la transición y los pactos de la Moncloa. Son coherentes, ahora están en el gobierno, callados, asumiendo la propuesta de unos nuevos pactos de la Moncloa.
No les falta razón a otros sectores comunistas, anticapitalistas y antifascistas cuando señalan la enorme e histórica traición del PCE de Carrillo, sus cuadros y sus dirigentes y también la traición de otros dirigentes de otras organizaciones revolucionarias y sindicales, que pasaron de defender la ruptura con el franquismo y la lucha por la liberación, a apoyar los pactos de la Moncloa y al nuevo régimen, a cambio tenían un papel que jugar y unos puestos políticos y sindicales en las nuevas legalizadas organizaciones y en la nueva estructura política de la futura “democracia” que se iba a poner en marcha, había puestos por doquier muy bien remunerados para muchos, desde ayuntamientos al parlamento del Estado, en los órganos de las nuevas autonomías por constituir, o en los sindicatos o medios de comunicación afines al régimen, en definitiva, había un pedazo de la tarta para todos ellos, muchos de ellos ahora ocupan altos puestos políticos, económicos (las puertas giratorias), culturales en este régimen, el nacido de los Pactos de la Moncloa y refrendado en la posterior Constitución Española de 1978. Es hora de ir liquidando cuentas con esta gente y sus herederos.
Pero en nuestra opinión, sin negar que existió una enorme y colectiva traición, el problema principal más que la traición, porque eso se puede enfocar o ser algo intransformable, inabordable, algo que forma parte de la naturaleza humana, el problema principal, consideramos, que es la falta de formación y conciencia colectiva histórica y democrática sobre nuestra herencia de lucha anticapitalista por la liberación de la clase y de los pueblos, en el pueblo en general y en los militantes revolucionarios. En nuestra opinión, esto es debido en parte a nuestros enemigos de clase, y en parte a nuestros propios errores.
El fascismo, en España el franquismo y su régimen, representante de los intereses de la banca, la gran empresa y además con el poder del Estado han sido y son los principales enemigos de los trabajadores y los pueblos, y ellos sabían y tenían muy claro que tenían que hacer con sus enemigos de clase para consolidar su poder. La guerra civil española, su prolongación y encarnizamiento y brutalidad de asesinatos, crímenes contra la humanidad y represión por el fascismo, y su posterior continuación en la postguerra y durante el régimen franquista tuvo entre otros el efecto de eliminar físicamente por ejecuciones, matanzas, condenas a campos de concentración o exilio a una generación casi completa de luchadores antifascistas por la libertad de la clase obrera y los pueblos. Y por añadidura, el terror en la población, pues si osaba hablar u organizarse políticamente, sabían que se arriesgaban al ostracismo social, la persecución, deportación, cárcel, expropiación de sus bienes, la condena a muerte, etc. Por tanto, la transmisión de esa cultura de lucha antifascista por la libertad quedo casi interrumpida, hasta el punto de alcanzar los 40 años de dictadura y represión.
Cuando llegamos a los Pactos de la Moncloa y la transición estos se cimentaron sobre un componente fundamental, el olvido, la desmemoria, la impunidad de los represores y la ausencia de justicia y la falta de reparación para las victimas. Fue un pacto, con y por la injusticia, la ignominia, la desmemoria, la impunidad, la corrupción moral. La posterior actuación y políticas del PSOE, y del gobierno del PSOE con la complicidad de las organizaciones sindicales del régimen, se basó y promovió la desmemoria y pérdida de conciencia de clase y cultura popular y obrera, en definitiva cortar la transmisión a las nuevas generaciones de nuestro rico patrimonio histórico, colectivo cultural de lucha acumulado en siglos.
También significó la autodestrucción y autoliquidación del movimiento obrero más combativo, revolucionario y organizado de Europa, constituido desde la base, desde los tajos, organizados los trabajadores en las asambleas de fábrica, impregnado el movimiento de demandas democráticas incluso para las propias empresas con el control de la gestión por los obreros.
Significó el pistoletazo de salida en la pérdida continua y sostenida de los derechos conquistados y arrancados al franquismo con la cárcel, represión, sangre y muerte de miles de luchadores antifranquistas, anticapitalistas, comunistas, … que se jugaron literalmente la vida por la liberación de la clase obrera y los pueblos trabajadores oprimidos por el Estado.
Significó la dilapidación y autodestrucción del capital moral, ético, ideológico, político y organizativo de la clase obrera, revolucionaria, anticapitalista y antifascista construido a lo largo de décadas de lucha contra el franquismo.
Significó el reforzamiento del marco de la economía de mercado, siendo la antesala y preparación del terreno para las políticas neoliberales de destrucción y precarización del empleo mediante reconversiones industriales, y destrucción de la pequeña y mediana empresa mediante una legislación ad hoc. Supuso un espaldarazo y legitimación de las políticas neoliberales que hemos venido sufriendo los últimos 40 años, con el objetivo declarado de los pactos de: “lograr una mayor libertad de mercado y reducir la intervención directa del Estado en los mismos”.
Supuso un reconocimiento y legitimación de los recortes sociales, y la reducción del llamado “gasto público”, la reducción y limitación de costes salariales, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la facilitación del despido, (con la ley de relaciones laborales de 1976 arracada al franquismo, era el trabajador ante un despido sin causa justificada, quien decidía si era readmitido por la empresa o aceptaba una indemnización por despido),así mismo, supuso la precarización del empleo y la autorización de la contratación temporal para la juventud, el aumento de la desigualdad social, el necesario encuadramiento de la actividad sindical para favorecer todo lo anterior, el reconocimiento legal de privilegios y exenciones en impuestos de sociedades con la justificación de incentivar la creación de empleo, y una reforma fiscal que no se acercaba ni de lejos a la progresividad de los sistemas fiscales europeos y que no ponía en cuestión los intereses de las grandes empresas y la banca vía impuestos.
También supuso el reforzamiento de la enseñanza privada y concertada, la formulación de una serie de medidas que supuestamente pretendían dar acceso a la vivienda a la población con menor renta, pero ya vemos como ha acabado este capítulo del derecho a la vivienda, fue el antecedente legal a la especulación sobre el suelo. Supuso la desregularizarización del mercado hipotecario y bancario, las cajas de ahorro pasaban a ser controladas por el banco de España, y ya sabemos donde ha acabado todo eso con el nepotismo, la corrupción, el robo de cuello blanco y la crisis del sistema financiero en 2008 con su epicentro en las cajas de ahorro.
En el balance de algunos aspectos positivos, el pacto proponía el incremento de las pensiones y los seguros de desempleo y subvenciones a trabajadores agrarios y del mar pero ello tenía un objetivo claro, hacer frente y amortiguar la conflictividad social y como mecanismo mantenimiento de la paz social.
Y las medidas que podían ser positivas para el pueblo, lejos de haberse cumplido hoy día, se ha ido en sentido contrario y ha empeorado la situación, por ejemplo: el pacto proponía “mejora de la comercialización en origen, con objeto de que los productores asuman una parte creciente del proceso de distribución.” o “transparencia del escalón mayorista, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios.”
En definitiva, los Pactos de la Moncloa fueron la puesta de las bases económicas de la transición, significaron la carga de los costes de la crisis sobre los trabajadores y los más desfavorecidos socialmente a pesar de que siempre dicen, que se trata de lo contrario de repartir los costes, y de no dejar a nadie atrás en las crisis, pues en aquella ocasión también lo decían en el pacto: “la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales” y ya, con perspectiva histórica y el discurrir de los acontecimientos vimos que pasó.
Sus resultados los hemos sufrido y estamos sufriendo, son evidentes. Privatizaciones de banca pública y empresas estratégicas joyas de la corona, de transporte, comunicaciones, energía, y reconversiones industriales, todo ello con sus consecuentes pérdidas de cientos de miles de empleos, que han servido para aumentar y consolidad las grandes fortunas del Ibex 35; participadas por los grandes bancos, que año tras año baten record de beneficios.
Y en definitiva, significó la aceptación del dogma capitalista del crecimiento económico, del aumento de la tasa de ganancia como mecanismo para salir de la crisis y hacer el engaño de la supuesta “recuperación de todos”. Y con todo ello, la consolidación y reforzamiento de un estado y un régimen político, económico e ideológico de dominación del capital, de dominación de las clases explotadoras, justo en el momento en el que su antiguo régimen franquista estaba más debilitado y puesto en cuestión. Para más adelante, con la Constitución acabar imponiendo a la monarquía constitucionalmente impune, con sus privilegios y su presunta corrupción como propietaria vitalicia de la jefatura de este Estado.
Aquel PCE y aquellos comunistas del PCE, capitaneados por Carrillo, hicieron una labor impagable al capital, nunca se lo podrán agradecer suficientemente (bueno, muchos de ellos tienen o han tenido estupendos sueldazos y puestazos, Roma si paga traidores), cuando se reconvirtieron a la socialdemocracia con el “eurocomunismo” para acabar resultando ser, lo que la socialdemocracia de toda la vida ha sido, el mejor gestor del capital en época de crisis. Nunca, ninguna dirección del PCE ha hecho un análisis autocrítico de su papel en la transición y los pactos de la Moncloa. Son coherentes, ahora están en el gobierno, callados, asumiendo la propuesta de unos nuevos pactos de la Moncloa.
No les falta razón a otros sectores comunistas, anticapitalistas y antifascistas cuando señalan la enorme e histórica traición del PCE de Carrillo, sus cuadros y sus dirigentes y también la traición de otros dirigentes de otras organizaciones revolucionarias y sindicales, que pasaron de defender la ruptura con el franquismo y la lucha por la liberación, a apoyar los pactos de la Moncloa y al nuevo régimen, a cambio tenían un papel que jugar y unos puestos políticos y sindicales en las nuevas legalizadas organizaciones y en la nueva estructura política de la futura “democracia” que se iba a poner en marcha, había puestos por doquier muy bien remunerados para muchos, desde ayuntamientos al parlamento del Estado, en los órganos de las nuevas autonomías por constituir, o en los sindicatos o medios de comunicación afines al régimen, en definitiva, había un pedazo de la tarta para todos ellos, muchos de ellos ahora ocupan altos puestos políticos, económicos (las puertas giratorias), culturales en este régimen, el nacido de los Pactos de la Moncloa y refrendado en la posterior Constitución Española de 1978. Es hora de ir liquidando cuentas con esta gente y sus herederos.
Pero en nuestra opinión, sin negar que existió una enorme y colectiva traición, el problema principal más que la traición, porque eso se puede enfocar o ser algo intransformable, inabordable, algo que forma parte de la naturaleza humana, el problema principal, consideramos, que es la falta de formación y conciencia colectiva histórica y democrática sobre nuestra herencia de lucha anticapitalista por la liberación de la clase y de los pueblos, en el pueblo en general y en los militantes revolucionarios. En nuestra opinión, esto es debido en parte a nuestros enemigos de clase, y en parte a nuestros propios errores.
El fascismo, en España el franquismo y su régimen, representante de los intereses de la banca, la gran empresa y además con el poder del Estado han sido y son los principales enemigos de los trabajadores y los pueblos, y ellos sabían y tenían muy claro que tenían que hacer con sus enemigos de clase para consolidar su poder. La guerra civil española, su prolongación y encarnizamiento y brutalidad de asesinatos, crímenes contra la humanidad y represión por el fascismo, y su posterior continuación en la postguerra y durante el régimen franquista tuvo entre otros el efecto de eliminar físicamente por ejecuciones, matanzas, condenas a campos de concentración o exilio a una generación casi completa de luchadores antifascistas por la libertad de la clase obrera y los pueblos. Y por añadidura, el terror en la población, pues si osaba hablar u organizarse políticamente, sabían que se arriesgaban al ostracismo social, la persecución, deportación, cárcel, expropiación de sus bienes, la condena a muerte, etc. Por tanto, la transmisión de esa cultura de lucha antifascista por la libertad quedo casi interrumpida, hasta el punto de alcanzar los 40 años de dictadura y represión.
Cuando llegamos a los Pactos de la Moncloa y la transición estos se cimentaron sobre un componente fundamental, el olvido, la desmemoria, la impunidad de los represores y la ausencia de justicia y la falta de reparación para las victimas. Fue un pacto, con y por la injusticia, la ignominia, la desmemoria, la impunidad, la corrupción moral. La posterior actuación y políticas del PSOE, y del gobierno del PSOE con la complicidad de las organizaciones sindicales del régimen, se basó y promovió la desmemoria y pérdida de conciencia de clase y cultura popular y obrera, en definitiva cortar la transmisión a las nuevas generaciones de nuestro rico patrimonio histórico, colectivo cultural de lucha acumulado en siglos.
Si a todo ello, añadimos el error generalizado de organizaciones y grupos de luchadores anticapitalistas y antifascistas por la liberación de clase y nacional, que no transmitieron y no hemos transmitido a las siguientes generaciones, al menos de nuestros entornos militantes, nuestro patrimonio cultural, político e ideológico de la lucha de todos los que nos precedieron, desde un actitud humilde de autoformación y estudio del mismo, considerándonos herederos de todos los que nos precedieron, el lamentable panorama queda completado.
Y en este contexto, el Gobierno con sus medidas anticrisis por el estado de alarma pone en poder de la banca y de las grandes empresas la capacidad de decisión sobre los créditos con avales de fondos públicos, para empresas, que van a emplear para rescatarse a sí mismos, sin darlos por su baja solvencia a miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, de las que dependen millones de trabajadoras y trabajadores, para que quiebren y les dejen ese mercado libre a esas grandes empresas.
Con éstos antecedentes y condiciones llegamos al momento actual en que el gobierno “progresista” propone unos nuevos pactos de la Moncloa, de nuevo para reforzarse políticamente y reforzar al Estado ante la ante la grave crisis y la esperable conflictividad y luchas sociales que provocará hacerla recaer sobre los trabajadores, los autónomos y la pequeñas empresas. Solo que ahora, las consecuencias para los de abajo pueden ser mucho peores que las habidas con los pactos de la Moncloa del 77, porque ahora en vez de tener un movimiento obrero potente y organizado, con alternativas y cierta consciencia, ocurre todo lo contrario, junto a que nos quedan muy pocos derechos conquistados por nuestros antecesores con los que “negociar”, ya que las organizaciones sindicales y políticas reformistas traidores han dilapidado la herencia que le arrancamos al franquismo.
Así que, por el sufrimiento, la sangre y la vida que entregaron los que nos precedieron; literalmente, por nuestros muertos, o luchamos con apasionamiento, con satisfacción, con felicidad por la liberación de clase y del pueblo o nos arrasarán con un nuevo pacto que traerá otros 40 años de desigualdad, precariedad laboral, degradación de lo común y colectivo, pérdida de derechos sociales, endurecimiento de represión y acorazamiento del estado, austericidio para aumentar la tasa de ganancia del capital, participación en aventuras militares imperialistas, todo ello encaminado a la construcción del nuevo régimen, para un nuevo orden mundial del capitalismo del desastre, más salvaje, agresivo, autoritario y represivo si cabe, todo para de nuevo, su crecimiento económico, su aumento de la tasa de ganancia, para ello necesitan el fortalecimiento político, económico e ideológico de su estado de dominación, todo lo cual será nuestra desgracia, nuestra ruina, nuestra miseria y nuestro empobrecimiento.
¿Y que hacemos?, ¿Cómo luchamos?, pues para ello nos hace falta un programa, de un nuevo orden social, político y económico que no esté basado en la explotación capitalista del trabajo asalariado ni en la economía de libre mercado, sino el la libertad, la democracia, la satisfacción de las necesidades de todos y el respeto a la naturaleza. Y necesitamos una fuerza social y política que lo lleve adelante.
Frente a los Pactos de la Moncloa, propugnamos una ruptura con el régimen del 78 mediante procesos constituyentes de los pueblos. Para que seamos los pueblos y los trabajadores quienes democráticamente lo decidamos todo, y no las oligarquías capitalistas a través de sus representantes en los poderes del actual estado postfranquista
Los andaluces, en esto, tenemos algo adelantado fruto de nuestra historia, ya contamos con una constitución, la Constitución Andaluza de 1883. Tras el fracaso de la primera república y el aplastamiento por la misma de la revolución cantonal, los republicanos federales andaluces elaboraron su programa de nuevo orden social, económico y político en forma de la Constitución Andaluza de 1883.
En ella la soberanía se origina en el individuo, que la comparte con los demás formando el municipio a través de las asambleas comunales de vecinos que tienen el poder legislativo. Los artículos 1 y 2 de la constitución del municipio andaluz dicen: “La primera determinación de la Soberanía es el Municipio. Éste se instituye hoy por la plena voluntad de todos los ciudadanos.” “El municipio no recibe su autonomía de ningún poder exterior al de aquellas que le instituyen por este pacto.”
A su vez, varios municipios comparten soberanía y competencias con otros hasta formar un cantón o comarca. Luego, varios cantones, de igual manera comparten soberanía y competencias para conformar la república federal, tal y como establece el artículo primero de la Constitución Federal Andaluza: “Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que la instituyen por este Pacto”
Las tres constituciones, forman un todo que organiza políticamente a una sociedad y la soberanía de abajo arriba, desde el individuo a los más altos poderes del estado, por tanto, la soberanía, la capacidad de decisión política en todos los ámbitos en un territorio esta en los individuos en ultima instancia.
Esta constitución regula por tanto, unas instituciones políticas que permiten al pueblo organizarse en órganos de poder popular, que por ahora serían órganos de contrapoder. Y propugnan una economía al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales y no del mercado, en su artículo 4, que especifica los objetivos de la Federación Andaluza, el apartado d) dice: “estudiar en principio la igualdad social y preparar su advenimiento definitivo, consistente en la independencia económica de todos.” Para conseguir esa independencia económica de todos, es necesario acabar, abolir el trabajo asalariado, que se basa en relaciones de subordinación, dependencia y ajenidad.
Para la fuerza social que lo lleve adelante, acudamos de nuevo a nuestra historia, y al pensamiento y la obra de algunos hombres buenos, lúcidos e inteligentes como Blas Infante y los andalucistas revolucionarios del primer tercio del siglo XX.
Decía Infante en 1915 en la presentación de su obra “Ideal Andaluz” “Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve" y en la misma obra proponía: “trabajar por conseguir el medio antes de realizar el fin” y empezar por el “Ideal próximo más inmediato: la educación del pueblo andaluz en los ideales colectivos municipales”. Ideales colectivos municipales también basados en la constitución andaluza de 1883 como hemos comentado antes.
Para lo que proponemos el modelo de revolución que Infante defiende en su obra “La dictadura pedagógica” cuando decía: “Revolución a todo trance contra el régimen capitalista; pero revolución no formal, o legislativa o burocrática, sino revolución honda, esencial o fundamental del espíritu de los hombres. Revolución maestra de los Destinos supremos, en definitiva, religiosos de la Humanidad”
Y en este contexto, el Gobierno con sus medidas anticrisis por el estado de alarma pone en poder de la banca y de las grandes empresas la capacidad de decisión sobre los créditos con avales de fondos públicos, para empresas, que van a emplear para rescatarse a sí mismos, sin darlos por su baja solvencia a miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, de las que dependen millones de trabajadoras y trabajadores, para que quiebren y les dejen ese mercado libre a esas grandes empresas.
Con éstos antecedentes y condiciones llegamos al momento actual en que el gobierno “progresista” propone unos nuevos pactos de la Moncloa, de nuevo para reforzarse políticamente y reforzar al Estado ante la ante la grave crisis y la esperable conflictividad y luchas sociales que provocará hacerla recaer sobre los trabajadores, los autónomos y la pequeñas empresas. Solo que ahora, las consecuencias para los de abajo pueden ser mucho peores que las habidas con los pactos de la Moncloa del 77, porque ahora en vez de tener un movimiento obrero potente y organizado, con alternativas y cierta consciencia, ocurre todo lo contrario, junto a que nos quedan muy pocos derechos conquistados por nuestros antecesores con los que “negociar”, ya que las organizaciones sindicales y políticas reformistas traidores han dilapidado la herencia que le arrancamos al franquismo.
Así que, por el sufrimiento, la sangre y la vida que entregaron los que nos precedieron; literalmente, por nuestros muertos, o luchamos con apasionamiento, con satisfacción, con felicidad por la liberación de clase y del pueblo o nos arrasarán con un nuevo pacto que traerá otros 40 años de desigualdad, precariedad laboral, degradación de lo común y colectivo, pérdida de derechos sociales, endurecimiento de represión y acorazamiento del estado, austericidio para aumentar la tasa de ganancia del capital, participación en aventuras militares imperialistas, todo ello encaminado a la construcción del nuevo régimen, para un nuevo orden mundial del capitalismo del desastre, más salvaje, agresivo, autoritario y represivo si cabe, todo para de nuevo, su crecimiento económico, su aumento de la tasa de ganancia, para ello necesitan el fortalecimiento político, económico e ideológico de su estado de dominación, todo lo cual será nuestra desgracia, nuestra ruina, nuestra miseria y nuestro empobrecimiento.
¿Y que hacemos?, ¿Cómo luchamos?, pues para ello nos hace falta un programa, de un nuevo orden social, político y económico que no esté basado en la explotación capitalista del trabajo asalariado ni en la economía de libre mercado, sino el la libertad, la democracia, la satisfacción de las necesidades de todos y el respeto a la naturaleza. Y necesitamos una fuerza social y política que lo lleve adelante.
Frente a los Pactos de la Moncloa, propugnamos una ruptura con el régimen del 78 mediante procesos constituyentes de los pueblos. Para que seamos los pueblos y los trabajadores quienes democráticamente lo decidamos todo, y no las oligarquías capitalistas a través de sus representantes en los poderes del actual estado postfranquista
Los andaluces, en esto, tenemos algo adelantado fruto de nuestra historia, ya contamos con una constitución, la Constitución Andaluza de 1883. Tras el fracaso de la primera república y el aplastamiento por la misma de la revolución cantonal, los republicanos federales andaluces elaboraron su programa de nuevo orden social, económico y político en forma de la Constitución Andaluza de 1883.
En ella la soberanía se origina en el individuo, que la comparte con los demás formando el municipio a través de las asambleas comunales de vecinos que tienen el poder legislativo. Los artículos 1 y 2 de la constitución del municipio andaluz dicen: “La primera determinación de la Soberanía es el Municipio. Éste se instituye hoy por la plena voluntad de todos los ciudadanos.” “El municipio no recibe su autonomía de ningún poder exterior al de aquellas que le instituyen por este pacto.”
A su vez, varios municipios comparten soberanía y competencias con otros hasta formar un cantón o comarca. Luego, varios cantones, de igual manera comparten soberanía y competencias para conformar la república federal, tal y como establece el artículo primero de la Constitución Federal Andaluza: “Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que la instituyen por este Pacto”
Las tres constituciones, forman un todo que organiza políticamente a una sociedad y la soberanía de abajo arriba, desde el individuo a los más altos poderes del estado, por tanto, la soberanía, la capacidad de decisión política en todos los ámbitos en un territorio esta en los individuos en ultima instancia.
Esta constitución regula por tanto, unas instituciones políticas que permiten al pueblo organizarse en órganos de poder popular, que por ahora serían órganos de contrapoder. Y propugnan una economía al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales y no del mercado, en su artículo 4, que especifica los objetivos de la Federación Andaluza, el apartado d) dice: “estudiar en principio la igualdad social y preparar su advenimiento definitivo, consistente en la independencia económica de todos.” Para conseguir esa independencia económica de todos, es necesario acabar, abolir el trabajo asalariado, que se basa en relaciones de subordinación, dependencia y ajenidad.
Para la fuerza social que lo lleve adelante, acudamos de nuevo a nuestra historia, y al pensamiento y la obra de algunos hombres buenos, lúcidos e inteligentes como Blas Infante y los andalucistas revolucionarios del primer tercio del siglo XX.
Decía Infante en 1915 en la presentación de su obra “Ideal Andaluz” “Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve" y en la misma obra proponía: “trabajar por conseguir el medio antes de realizar el fin” y empezar por el “Ideal próximo más inmediato: la educación del pueblo andaluz en los ideales colectivos municipales”. Ideales colectivos municipales también basados en la constitución andaluza de 1883 como hemos comentado antes.
Para lo que proponemos el modelo de revolución que Infante defiende en su obra “La dictadura pedagógica” cuando decía: “Revolución a todo trance contra el régimen capitalista; pero revolución no formal, o legislativa o burocrática, sino revolución honda, esencial o fundamental del espíritu de los hombres. Revolución maestra de los Destinos supremos, en definitiva, religiosos de la Humanidad”
David Juliá
Nota fina.-
Se pueden consultar íntegramente los pactos de la Moncloa en:
http://vespito.net/historia/transi/pactos.html
90 años del asesinato de Blas Infante... ¡¡¡Y SIGUE VIVO!!! Manifiesto del Sindicato Unitario de Andalucía
El verdadero cáncer no es el absentismo
Corrupción y poder en España: capitalismo, Estado y subordinación popular
Andalucía ante una nueva oportunidad histórica: soberanía, clase y organización popular tras el 17M
El 1º de mayo no es una fecha cualquiera en el calendario. Es, ante todo, un recordatorio incómodo: todo lo que la clase trabajadora ha conquistado lo ha hecho luchando. Nada fue regalado. Y nada será regalado. En Andalucía, esta afirmación no es una consigna abstracta, sino una realidad cotidiana. Vivimos en una tierra rica en recursos y en capacidad humana, pero empobrecida por un modelo económico que nos sitúa en una posición subordinada: salarios bajos, precariedad estructural, dependencia productiva y un mercado laboral marcado por la temporalidad y la inseguridad. Desde la perspectiva del Sindicato Unitario de Andalucía, esto no es casual. Es la consecuencia lógica de un sistema —el capitalismo— cuya base es la extracción de plusvalía, es decir, la apropiación del trabajo ajeno por parte de la minoría que ostenta el poder económico y que, por ello, controla y dirige los demás poderes del Estado. En ese marco, Andalucía funciona como una colonia interna: produce riqueza, pero no la retiene. Esta realidad ya fue intuida, desde otras coordenadas históricas, por figuras como Fermín Salvochea y Blas Infante. Salvochea, desde su práctica revolucionaria y municipalista, entendió que la cuestión social no podía separarse de la vida concreta de la clase obrera. Su defensa de la justicia social, de la redistribución y de la dignidad de los más humildes no era teórica: era una forma de acción política directa frente a un orden injusto. En su experiencia, especialmente durante el cantonalismo andaluz, aparece una idea clave: sin transformación de las condiciones materiales de vida, no hay libertad real. Por su parte, Blas Infante vinculó la cuestión social con la cuestión nacional andaluza. Identificó que la situación de Andalucía no era solo económica, sino también política: una tierra subordinada, cuya riqueza era sistemáticamente apropiada desde fuera. Su pensamiento señala un punto de conexión fundamental con el análisis marxista: la necesidad de que los pueblos controlen sus propios recursos para poder garantizar justicia social. Hoy, esa doble lectura —social y territorial— sigue plenamente vigente. Y no solo en los centros de trabajo, sino también en el escenario internacional. Las guerras actuales no pueden entenderse al margen de los intereses económicos que las sostienen: control de recursos, mercados, rutas estratégicas. Mientras los pueblos ponen los muertos, el capital acumula beneficios. Y esa dinámica también nos afecta aquí. Andalucía forma parte de esa geografía del capital: bases militares, infraestructuras al servicio de estrategias externas, y una economía vulnerable a las decisiones de actores que están muy lejos de nuestra realidad. Pero si hay una expresión especialmente cruda de esa violencia estructural que convierte a seres humanos en recursos humanos, es la siniestralidad laboral. En Andalucía mueren, de media, dos trabajadores a la semana en accidentes laborales. No estamos ante hechos aislados ni inevitables. Estamos ante consecuencias directas de un modelo productivo que prioriza el beneficio sobre la vida. Falta de medidas de seguridad, ritmos de trabajo intensivos, externalizaciones, precariedad… todo ello configura un entorno donde trabajar puede costar la vida. Las cuatro muertes en el primer trimestre del año por accidentes laborales en Huelva no son una excepción. Es parte de un patrón. Nombrarlo es importante. Porque frente a la lógica deshumanizadora del sistema, que convierte las vidas en estadísticas, el movimiento obrero tiene la tarea de devolverles su dimensión concreta: eran compañeros, tenían nombres, historias, familias. Y sus muertes interpelan directamente a las condiciones en las que se organiza el trabajo. En este punto, la ética política de Salvochea vuelve a ser pertinente: no hay justicia posible si se tolera el sufrimiento evitable de la mayoría. Y, en clave andaluza, también resuena la denuncia de Infante sobre una tierra donde las condiciones de vida de su pueblo han sido históricamente subordinadas a intereses ajenos. En este contexto, las luchas actuales en Andalucía adquieren una importancia central.El actual conflicto de los compañeros del metal en Cádiz es un ejemplo claro. Es la expresión de una clase trabajadora que se niega a aceptar la pérdida constante de derechos, que se organiza y que confronta a la patronal y al sindicalismo de concertación. Su capacidad de movilización conecta con una larga tradición de lucha en la Bahía, donde la conciencia obrera ha sido históricamente un elemento de resistencia. No es casual que Cádiz, tierra de Salvochea, siga siendo hoy un referente de combatividad obrera. Del mismo modo, la situación de clase jornalera en revela otra cara del mismo sistema. La agricultura intensiva, uno de los pilares económicos de la región, se sostiene en gran medida sobre condiciones laborales y de vida que no cumplen unos mínimos de dignidad: jornadas extenuantes, salarios bajos. Considciones indignas que se convierten en condiciones de esclavitud en el sector de la clase jornalera andaluza víctimas de las mafias del tráfico de personas, a los que la Patronal no duda en usar en cualquier momento, recluidos en asentamientos sin servicios básicos y trabajando sin ningún derecho. Aquí el capital opera mediante una doble explotación: económica y social. Utiliza la vulnerabilidad administrativa y la exclusión para imponer condiciones que serían más difíciles de aplicar a otros sectores de la clase trabajadora. Esta realidad interpela directamente al ideal de justicia social que tanto Salvochea como Infante defendieron, cada uno desde su perspectiva: una sociedad donde la dignidad no dependa del origen, la condición o la posición económica.Por eso, cualquier planteamiento sindical que aspire a ser transformador debe partir de una premisa clara: no hay clase trabajadora de primera y de segunda. La división solo beneficia al capital. Desde el sindicalismo de clase que representa el Sindicato Unitario de Andalucía, la tarea es precisamente la contraria: construir unidad. Unidad entre sectores. Unidad entre territorios. Unidad entre trabajadores autóctonos y migrantes. Porque la fragmentación es una de las principales herramientas de dominación del capitalismo. Ahora bien, la unidad por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de organización y de lucha. La experiencia histórica del movimiento obrero demuestra que los derechos no se consolidan mediante la mera negociación, sino a través de la presión organizada. La huelga, la movilización y la acción colectiva no son anomalías: son mecanismos fundamentales de equilibrio frente al poder del capital. En este sentido, el sindicalismo no puede limitarse a gestionar lo existente. Tiene que aspirar a transformarlo. Eso implica plantear alternativas: control social de los sectores estratégicos, garantía de condiciones laborales dignas, acceso universal a la vivienda, fortalecimiento de los servicios públicos. Pero, sobre todo, implica cuestionar las bases mismas de un sistema que convierte la vida en mercancía. En términos que hoy podríamos releer tanto desde Marx como desde Infante, se trata de avanzar hacia una sociedad donde la riqueza producida colectivamente revierta en la mayoría social y donde los pueblos dejen de estar subordinados a intereses externos. El 1º de mayo, por tanto, no es solo una jornada reivindicativa. Es también un momento de clarificación. Frente a un modelo que genera precariedad, desigualdad y violencia —tanto en forma de guerras como de siniestralidad laboral—, la respuesta no puede ser individual. Solo puede ser colectiva. Organizarse no es una opción ideológica. Es una necesidad material. Y en Andalucía, esa necesidad es urgente. Porque aquí, más que en otros lugares, se cruzan todas las contradicciones del sistema: dependencia económica, precariedad laboral, explotación agraria, uso estratégico del territorio y una larga tradición de lucha obrera. Esa tradición no es un recuerdo. Es una herramienta. De Salvochea a Infante, de las luchas jornaleras a los conflictos actuales, hay un hilo común: la dignidad no se concede, se conquista. Y el 1º de mayo es un buen momento para recordarlo: la historia no la escriben quienes se adaptan, sino quienes se organizan y luchan. Esa sigue siendo la tarea.
Estimadas compañeras y estimados compañeros: Desde el Sindicato Unitario de Huelva queremos trasladaros nuestra profunda consternación y dolor ante el reciente fallecimiento de un trabajador del sector del metal en nuestra provincia, como consecuencia de un accidente laboral. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la grave problemática de la siniestralidad laboral, que continúa cobrándose vidas obreras de forma intolerable. Entendemos que este hecho no puede quedar en el silencio ni en la resignación. La muerte de un trabajador en su puesto de trabajo es una cuestión que interpela al conjunto de la clase trabajadora y exige una respuesta firme, unitaria y visible por parte de las organizaciones sindicales. Por todo ello, desde el Sindicato Unitario apoyamos la propuesta de la familia de nuestro compañero Mariano Álvarez Rodríguez a la convocatoria de concentración, con el objetivo de: Mostrar nuestra solidaridad con la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido. Denunciar públicamente esta muerte laboral. Exigir el esclarecimiento completo de los hechos y la depuración de responsabilidades. Reivindicar condiciones de trabajo seguras y dignas para el conjunto de la clase trabajadora. Reclamar medidas efectivas que pongan fin a esta lacra de la siniestralidad laboral. Consideramos fundamental ofrecer una respuesta unitaria del movimiento sindical, que esté a la altura de la gravedad de lo ocurrido y que contribuya a visibilizar la necesidad urgente de reforzar la prevención de riesgos laborales y la defensa de la vida y la salud de las personas trabajadoras. Viernes 20 de marzo, en la puerta principal de NATURGY desde las 14,00 a las 16,00 horas. Polígono Nuevo Puerto, calle A
La liberación de la explotación capitalista es tarea común de la clase obrera de todos los pueblos del mundo. Y las guerras provocadas por los Estados capitalistas, no solo fracturan la unidad necesaria para llevar a cabo dicha tarea sino que, aunque parezcan luchas entre naciones, solo son instrumento para la defensa de los intereses del capital. En estos momentos, esos intereses están sembrando de cadáveres de miles de trabajadores y trabajadoras las calles de las ciudades de nuestros pueblos hermanos del Mediterráneo. Entonces, si la liberación de la clase obrera andaluza requiere su unión consciente con los pueblos explotados del Mediterráneo, ¿cómo podrá realizarse mientras Andalucía continúe subordinada a una política exterior y militar que no responde a nuestras necesidades históricas —tierra, trabajo, soberanía, desarrollo industrial propio— sino a estrategias geopolíticas dictadas por centros de poder ajenos? Andalucía ha sido históricamente integrada en el capitalismo como periferia agraria, exportadora de materias primas, mano de obra barata y espacio logístico-militar. Sus puertos, su litoral y su posición estratégica en el Estrecho no han sido utilizados prioritariamente para articular un desarrollo autónomo al servicio de su pueblo, sino como piezas de un engranaje mayor: rutas comerciales controladas por grandes navieras, bases militares al servicio de alianzas armadas, enclaves turísticos orientados a la captación de renta externa. En el actual contexto de guerra global —guerras abiertas, tensiones en el norte de África, militarización del Mediterráneo oriental, control energético y migratorio— Andalucía vuelve a situarse en la frontera geopolítica. Pero esa centralidad estratégica no se traduce en soberanía popular, sino en mayor dependencia: incremento del gasto militar, consolidación de infraestructuras logísticas para la guerra, subordinación energética y alimentaria, y utilización del territorio como plataforma de proyección exterior. Frente a ello, cabe una primera crítica necesaria a quienes, invocando la seguridad, la estabilidad o la pertenencia a bloques internacionales, defienden a toda costa la participación del Estado español en esa dinámica de confrontación permanente. Su posición parte de un presupuesto falso: que la integración militar y la alineación automática con potencias dominantes garantizan prosperidad y protección. En realidad, consolidan la condición periférica de Andalucía, convierten su territorio en pieza imprescindible de una estrategia global y subordinan las prioridades sociales a los dictados del complejo militar-industrial y financiero. Nos quieren hacer creer que con la defensa (con nuestras economías, con nuestras vidas) de los intereses del capital transnacional, defienden el interés general. No son los intereses del jornalero, del trabajador portuario, del precariado turístico o del pequeño productor agrícola los que determinan estas orientaciones. Son los del capital transnacional, las industrias de defensa, las grandes distribuidoras alimentarias y los fondos de inversión que capturan la renta agraria y urbana. La guerra y la tensión permanente en el Mediterráneo elevan el precio de la energía, encarecen los alimentos, precarizarán aún más el empleo y legitiman políticas de excepción que refuerzan el control social. Al mismo tiempo, los pueblos de la otra orilla —Magreb, Oriente Próximo, Mediterráneo oriental— sufren las consecuencias más devastadoras: intervenciones, bloqueos, economías destruidas, migraciones forzadas y muertes. Y sin embargo, esos trabajadores y trabajadoras no son enemigos objetivos del pueblo andaluz, sino parte de la misma cadena de explotación que articula el capitalismo euro-mediterráneo. Aquí se impone una segunda crítica a quienes, proclamándose pacifistas o contrarios a la guerra, limitan su oposición al plano moral mientras preservan intactas las bases económicas que la generan. Rechazar la guerra sin cuestionar la lógica de acumulación capitalista que convierte territorios en plataformas estratégicas y pueblos en recursos descartables equivale a combatir los efectos y proteger la causa. La competencia interimperialista, la búsqueda de mercados y la apropiación de recursos no son anomalías del sistema; son su dinámica constitutiva. No habrá paz estable mientras persista un modelo basado en la explotación estructural y la desigualdad entre centros y periferias. Y una última crítica para quienes proclamaron en su momento ""OTAN, de entrada, NO" y ahora repiten el "No a la Guerra". A los mismos que hicieron lo posible y lo imposible para mantenernos vinculados a aquella organización criminal internacional. A los mismos que nos han involucrado en guerras como en Agfanistán, Yugoslavia, Libia, Ucrania... invocando el Derecho Internacional. Es decir, por el derecho que definía el Orden Mundial elaborado y ejecutado por las potencias capitalistas tras la II Guerra Mundial. Estos son los del Sí a las guerras legales, a las guerras que vienen a defender los intereses de las potencias capitalistas frente a los de los pueblos y la clase obrera. Hoy que, por lo que sea, defienden un orden mundial que está condenado a pasar al basurero de la historia por las conquistas sociales y económicas de la República Popular China conducida por su partido comunista. La clase obrera andaluza tiene, por tanto, una tarea histórica doble. Primero, desvelar el carácter de clase de la política exterior que convierte su territorio en plataforma militar y su economía en engranaje subordinado. Y segundo, tejer una alianza consciente con los pueblos mediterráneos explotados, basada en intereses materiales comunes: soberanía, control público de la energía, política de defensa armada, cooperación productiva sur-sur, defensa de los derechos laborales frente a la competencia a la baja impuesta por el capital. La vigilancia crítica de los acuerdos militares, de las inversiones estratégicas, de los tratados comerciales y de las políticas migratorias no es un asunto diplomático abstracto. Es parte de la lucha por el pan, la tierra y el trabajo en Andalucía. Cada euro destinado a la carrera armamentística es un euro sustraído a la reindustrialización, a la transición ecológica justa, a la educación y a la sanidad públicas. Reivindicar los intereses históricos de la clase obrera andaluza significa la afirmación de un internacionalismo mediterráneo desde abajo: el de los pueblos que comparten explotación estructural frente a centros de acumulación externos. La verdadera frontera no separa continentes; separa clases sociales. Una política exterior coherente con los intereses del pueblo andaluz exigiría prioridad a la cooperación económica equitativa con los pueblos del sur, defensa de los derechos humanos sin doble rasero y ruptura con la lógica de bloques que convierte el Mediterráneo en teatro permanente de confrontación. La lucha por esta orientación forma parte orgánica de la lucha general por la liberación de la clase obrera en Andalucía y en todos los pueblos oprimidos y explotados del Mediterráneo. Porque ningún pueblo periférico se libera aislado, y ningún trabajador gana con la guerra que enriquece a sus explotadores. Trabajadores y trabajadoras del Mediterráneo, uníos.
No sería la primera vez que el Sindicato Unitario solicita la participación de MOEVE (antes CEPSA Refinería La Rábida) en la mesa de negociación del convenio colectivo del sector de montajes. Siempre hemos considerado que son las empresas de todo el Polo Químico, encabezadas por MOEVE, las que deciden lo que pueden y lo que no pueden firmar los empresarios del metal en la negociación colectiva. Son “el negociador fantasma”: invisibles y silenciosos, pero siempre presentes, sin necesidad de invocaciones ni ritos estrafalarios. Y es lógico. En función de los costes laborales que surjan de la negociación, así tendrán que pagar más o menos a las empresas contratistas del metal por sus servicios. Sus objetivos económicos dependen de muchos factores, pero uno de los fundamentales es el coste de la mano de obra. Es decir, del precio que tendrán que pagarnos para que aceptemos dejar de ser seres humanos y pasar a ser simples recursos humanos, utilizados para su enriquecimiento con nuestro trabajo y con nuestras vidas. Como es de esperar, los representantes empresariales del montaje, siempre en defensa de sus principales clientes, niegan que la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva tenga competencia alguna en la negociación colectiva del metal. Más adelante volveremos a esta cuestión. La negociación se iniciaba a principios de 2025 con unas propuestas, a defender frente a la patronal, acordadas entre todos los sindicatos participantes. Sin embargo, conforme se iba desarrollando la negociación y se avanzaba en posibles acuerdos, se incrementaba el malestar de los trabajadores, que veían dichos acuerdos muy por debajo de las expectativas iniciales. A ello se sumaba la ira acumulada tras tantos años de condiciones laborales que dejan mucho que desear, ya que, pese a que el convenio otorga numerosas facilidades a la patronal para cubrir todos los servicios necesarios a sus clientes, es habitual el incumplimiento de lo pactado o de cualquier normativa de aplicación. Son numerosas las denuncias y demandas que interponemos por reclamación de cantidades e, incluso, por delitos contra la libertad sindical. Los trabajadores recogieron más de mil firmas para solicitar que los sindicatos participantes en la negociación convocaran una asamblea informativa sobre el transcurso de la misma. Al no ser atendida dicha solicitud, el Sindicato Unitario convocó a sus afiliados, delegados y a todos los trabajadores del metal a una asamblea en la que se tomó la decisión de convocar una huelga de 24 horas, días antes de la fecha prevista para la firma del convenio entre la patronal y la mayoría absoluta de los representantes sindicales en la mesa de negociación. Fue tan contundente la respuesta de los trabajadores a la convocatoria de la huelga del pasado 24 de noviembre que podemos afirmar que el paro fue total. Como consecuencia, se recuperó la unidad sindical, no se procedió a la firma prevista y se ajustaron las propuestas sindicales en la negociación conforme a lo decidido por los trabajadores. A pesar de ello, los trabajadores no bajan la guardia y deciden, en asambleas espontáneas, dejar de realizar horas extraordinarias, lo que enciende todas las alarmas: la patronal podía soportar un día de huelga, pero no puede soportar un solo día sin que realicemos horas extras. Los trabajadores de las contratas en MOEVE son las primeras en recibir ciertos rumores como: rescisión de contratos, advertencias a quienes aparecen en los vídeos de la huelga porque el cliente puede pedir su cabeza, etc. Estas son las propuestas que teóricamente lanza el negociador fantasma a las contratas. Tanto es así que el Sindicato Unitario ha convocado nuevamente huelga, pero en esta ocasión fuera de la jornada laboral legal, para la no realización de horas extraordinarias ni cambios de jornada que dependan de la voluntad del trabajador, con carácter indefinido hasta la firma del convenio, con el objeto de impedir actuaciones empresariales destinadas a dejar sin eficacia las medidas de presión que la ley establece para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Lo que ha conseguido el negociador fantasma es echar más leña al fuego. Recientes asambleas han anunciado la convocatoria de nuevas huelgas, más contundentes, con la participación de todos los sindicatos, así como otras medidas a adoptar en los centros de trabajo donde, a principios de año, se negocian los calendarios y la adscripción de voluntarios a guardias y retenes. Ahora nos amenazan afirmando que estas medidas pueden ser ilegales y que así lo están estudiando con sus asesores. Por nuestra parte, llevamos ya tiempo asesorados sobre la sombra de ilegalidad en la que se asientan vuestros contratos mercantiles entre contratistas y contratas. Quizá muchos de los trabajadores de las contratas del Polo Químico de Huelva podrían estar afectados por los convenios colectivos de las empresas contratistas. Esperamos que el negociador fantasma haga una de estas dos cosas: o se presente físicamente, cara a cara, en la negociación; o que, si por algún motivo no tiene las suficientes agallas para dar la cara, abandone para siempre su intervención en el convenio del metal. Las ganancias obtenidas por las empresas, así como las que se anuncian con el actual proceso de inversiones y ampliaciones, confirman lo que los trabajadores llevamos años denunciando: dinero hay, y mucho. Lo que no hay es voluntad de repartir la riqueza que generamos. Ha llegado el momento de recuperar íntegramente el poder adquisitivo robado durante años, en los que todas vuestras crisis, reestructuraciones y ajustes han recaído sistemáticamente sobre nuestras espaldas, nuestra salud y nuestras vidas. Y para más inri, todo esto ocurre en un contexto de fuertes inversiones en hidrógeno verde, presentadas como el futuro industrial de Huelva y como un supuesto ejemplo de sostenibilidad y progreso. Un modelo que, en realidad, vuelve a reproducir el mismo esquema de siempre: capitales extranjeros que multiplican sus beneficios de forma exponencial mientras dejan en esta tierra únicamente precariedad, subcontratación, salarios de miseria y derechos recortados. Pretenden convertir a Huelva en un referente mundial de la nueva energía, pero a costa de seguir explotando a quienes levantan y mantienen esas industrias. No aceptamos que el “progreso” se construya sobre jornadas interminables, horas extras forzadas, amenazas, chantajes y miedo. No aceptamos que se nos venda modernidad mientras se nos condena a condiciones laborales del siglo pasado. La clase obrera andaluza no está dispuesta a seguir pagando este modelo de saqueo. Si quieren beneficios récord, inversiones millonarias y estabilidad productiva, tendrán que aceptar también salarios dignos, derechos reales y respeto. Y si el negociador fantasma insiste en seguir actuando desde la sombra, encontrará enfrente a unos trabajadores organizados, conscientes y dispuestos a llegar hasta donde haga falta.
Camaradas: Un grupo de cinco trabajadores de la empresa DUPLACH (Villa del Río, Córdoba), tomaron la decisión de afiliarse al Sindicato Unitario de Córdoba para luchar por la mejora de sus insoportables condiciones de trabajo. Duplach emplea a un centenar de trabajadores para la fabricación de platos de ducha en sus instalaciones en el límite de los términos municipales de Lopera (Jaén) y Villa del Río (Córdoba) y ocupa una extensión de 4.500 metros cuadrados. Dicen que su principal objetivo es lograr la mejor de sus productos y servicios que consiguen debido a la seriedad y puntualidad de sus trabajadores cuyas tareas y responsabilidades se centran en complacer a cada uno de sus clientes. Y que por estos motivos, venden sus productos en Europa, Estados Unidos y Asia. Fundada en 2010, ha sufrido dos incendios. El primero en 2019 que redujo a cenizas todas las instalaciones y un trabajador de 29 años tuvo que ser trasladado al Reina Sofía de Córdoba por quemaduras en la cara. El segundo incendio se produjo en 2024 y solo afectó a una nave de almacenamiento de productos químicos de unos 400 metros cuadrados, sin ocasionar daños personales. Como podemos deducir, el cuidado por la seguridad de las instalaciones y de la vida de los trabajadores no será tan prioritario para la empresa como satisfacer a todos y cada uno de sus clientes. De hecho, los trabajadores vieron la necesidad de organizarse para la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida que las relataban de la siguiente forma: - De 9:30 a 11 horas de trabajo. - Recuperan la media hora de descanso. - Obligados a trabajar los fines de semana a 8€/hora. - Cuando no les dan la semana de vacaciones pagan por debajo de lo correspondiente. - Horas extras no pagadas. - Cuando las pagan, las pagan a 8€/hora. - Sanciones arbitrarias. - No tienen asuntos propios. - No daba todos los días correspondientes a los permisos retribuidos (matrimonio, paternidad/maternidad, etc.). - Amenazas con sanciones y/o despidos. - Presión laboral por parte de superiores. - Algunos contratos son de menos horas de los que trabajan. - No cobran lo que le viene en nomina. - No dan permiso por hospitalización de faniliar, se lo quitan de vacaciones o económicamente. - Sanciones económicas. - Solo vacaciones en verano. - Les deben vacaciones de años anteriores. - No saben las vacaciones a primeros de año, se las comunican unas semanas antes. - Hacen firmar recibí de EPIS sin entregarlos. - Falta de EPIS y de seguridad laboral. - Contratos que no se ajustan al puesto de trabajo. Tras varias conversaciones en el Sindicato Unitario de Córdoba se tomó la decisión de constituir una sección sindical a la que se fueron afiliando numerosos trabajadores y trabajadoras. Se procedió a convocar una asamblea de afiliados y afiliadas para tal fin y la empresa procedió al despido fulminante de quienes creía que eran los cabecillas. A continuación todos los demás afiliados y afiliadas procedieron a darse de baja voluntariamente del sindicato. Según la carta de despido, el motivo de los despidos fueron: - Bajada de productividad: Pero ¿bajada con respecto a qué o a quién? Sin justificantes ni comparativas de meses anteriores ni con compañeros que desempeñaban el mismo trabajo. - Desaparición del puesto: Sin justificación de la supresión del puesto que se ha mantenido hasta nuestros días. Unos meses después de los despidos, otro trabajador se pone en contacto con los recursos humanos de la empresa y les dice que se ha afiliado al Sindicato Unitario y, a continuación, les reclamaba algunas deficiencias de seguridad en la empresa. Al día siguiente no le dejaron ni abrir la taquilla. Otro fulminante despido. Y a pesar de los despidos, los aplazamientos del juicio, casi 2 años para que se haga justicia, y la persecución judicial a la que nos está sometiendo la empresa, con demandas por lo penal a los trabajadores despedidos y a las organizaciones que les han apoyado (Sindicato Unitario de Andalucía y Nación Andaluza), nos dicen que siguen fuertes y unidos, con ganas de luchar por la justicia y la clase obrera. Y que “no nos van a amedrentar”. Efectivamente, además de los despidos, la empresa nos demanda por la vía penal al Sindicato Unitario de Andalucía y a Nación Andaluza y nos piden varios miles de euros por hacer videos, concentraciones y manifestaciones en solidaridad con nuestros afiliados. Ya hemos acudido a unas nueve conciliaciones en las que no hemos reconocido los hechos que nos quieren imputar. Según el dueño, gerente y amo, en la empresa no hace falta organización sindical de los trabajadores pues ya cuentan con un buzón de sugerencias donde todos sus trabajadores pueden hacerles llegar todo tipo de sugerencias. Camaradas: este es uno de esos momentos en los que todos seamos uno. Para el próximo 1 de octubre hemos convocado una manifestación en Villa del Río (Córdoba), con salida en las puertas de la fábrica y finalización en la plaza del Ayuntamiento, para lo que os hacemos el llamamiento de participar en la misma a toda la afiliación que le sea posible (habrá coches y/o autobús). El objetivo: Denunciar públicamente la falta de libertad sindical en Duplash, mostrar nuestra solidaridad con los despedidos y advertir que no pararemos hasta que se respeten todos los derechos laborales en la empresa, la readmisión de los despedidos y el desestimiento de las demandas contra las organizaciones que les han apoyado.. Nos necesitamos todos en Villa del Río el próximo 1 de Octubre. Salud. Andalucía, 24 de septiembre de 2025 Secretaría Federal Colegiada
AUDECA S.L. es la concesionaria del servicio de limpieza viaria en Ayamonte. La empresa forma parte del GRUPO ELECNOR que obtuvo un beneficio de 50,15 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone multiplicar por dos (+100,6%) las ganancias. Los trabajadores de AUDECA realizan servicios profesionales de gestión de residuos, limpiezas viarias, mantenimiento y conservación de infraestructuras a través de contratos con ayuntamientos y otros organismos y administraciones públicas. Es decir, es una de esas empresas que sin producir, generan beneficios. Son empresas parásitas que, como en Ayamonte, se enriquecen con los recursos públicos de los vecinos y vecinas, mientras que explotan a los ayamontinos que tienen contratados. Hemos solicitado la intervención del que se supone responsable y jefe de todos los servicios públicos, el alcalde, y nos dice que no tiene responsabilidad en el asunto. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha emitido varios informes en los que plantea que la gestión municipal de los servicios públicos es más económica y de mayor calidad que la gestión privada de los mismos. Entonces ¿para qué se mantiene privatizado este y otros servicios públicos en nuestra ciudad? Ya sabemos que la empresa privada gana y lo trabajadores y los residentes ayamontinos perdemos. Y ahora sabemos, además que cuando la dirección de la empresa comete un error administrativo se lo hacen pagar, y caro, a los trabajadores. Hemos convocado una concentración de delegadas y delegados del Sindicato Unitario de Ayamonte a las puertas del Ayuntamiento el pasado día 31 de julio en solidaridad con el compañero despedido y para dar a conocer el caso a vecinos y vecinas. Al poco de comenzar el acto, se nos acerca el alcalde, Alberto Fernández, que mantiene una conversación con el afectado en presencia de representantes del Sindicato Unitario, miembros de la Corporación Municipal y compañeros del trabajador despedido y de otros sectores. Tras la conversación, el alcalde se compromete a la reincorporación del trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba, cuando salga la próxima licitación del servicio, que se llevará a cabo una vez que pase el verano y las fiestas de la Patrona el 8 de septiembre. Comprometiéndose a respetarle la antigüedad hasta el momento del despido y a partir de ese momento la que determine el juzgado ante la demanda interpuesta por nuestros servicios jurídicos. Tras el compromiso del alcalde dimos por finalizada la concentración, manteniéndonos vigilantes hasta ver cumplir el compromiso de la readmisión del compañero.
