Constitución andaluza y Estado de Alarma (III)
El derecho a la educaci´ón
Con el estado de alarma decretado por el gobierno de España y el confinamiento en las casas a raíz de esta pandemia, muchos derechos y libertades constitucionales han sido afectados, cancelados o severamente restringidos, obviamente empezando por el derecho a la libre circulación, a la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad sindical, pero también lo ha sido el derecho a la educación.
El viernes 13 de marzo la Junta de Andalucía ordenó que a partir del lunes 16 de marzo fuese suspendida la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz en todas sus etapas, literalmente de un día para otro, sin más, cerrojazo a los centros sin ningún tipo de instrucciones, de coordinación, de planificación y preparación previa. Recordemos que la enfermedad se conoce desde mediados de diciembre de 2019, en enero el gobierno español puso a disposición de los investigadores todos los medios necesarios y los primeros casos en España son de finales de febrero.
Según el artículo 27.6 de la constitución española del 78: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, …con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.”
Los centros docentes son, por tanto, constitucionalmente el sustento material para la garantía del derecho a la educación, pero con el cierre de los centros y la suspensión de la docencia presencial ordenada por la Junta de Andalucía,¿cómo ha quedado afectado ese derecho a la educación de todos?, pues dichos centros, de facto, mediante la mencionada orden de la Junta de desempeño de la actividad docente de manera telemática, han sido sustituidos por los domicilios particulares de los maestros y maestras, profesorado, familias y alumnado, por sus habitaciones o despachos, por sus mesas, sillas y ordenadores personales o sus tablets, por sus conexiones a internet, por sus teléfonos móviles y sus datos, en definitiva, por las propiedades personales y por la buena voluntad y formación del profesorado para buscar y utilizar software, plataformas, recursos digitales en las redes, y por su capacidad para adaptar programaciones y materiales didácticos a las peculiaridades de las enseñanzas on line, y todo esto literalmente, de un día para otro y sobre la marcha.
En resumen, el poder público, la comunidad Autónoma de Andalucía que tiene las competencias de educación, ha hecho dejación de sus obligaciones, ha dejado de disponer los medios materiales para garantizar el derecho a la educación de todos, para que pasemos a garantizarlo, profesorado, alumnado y familias, y esto sin ninguna participación efectiva de los sectores afectados en semejante decisión. Si, esos mismos que se declaran constitucionalistas, que han dicho hasta la saciedad que la ley hay que cumplirla, y que la constitución hay que cumplirla.
La ministra de educación declaraba tras la reunión con los consejeros de educación de las comunidades que: “El curso no se va a perder por esta suspensión de la docencia presencial, y retornaremos a las aulas a mediados o finales de mayo antes de su finalización”.
Las autoridades educativas de la Junta de Andalucía, tras 20 días sin unas instrucciones u orientaciones de como implementar la actividad docente telemática, por fin las publican mediante una circular de 2 abril de 2020, y nos dicen: “El objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento escolar por esta situación, no achacable a su voluntad sino a las circunstancias tan especiales que vivimos”. A parte del eufemismo, la situación es que estamos confinados en nuestras casas, y las circunstancias tan especiales es que hay una pandemia, con muchos infectados y muertos y un estado de alarma decretado por el gobierno y prorrogado por las cortes.
Pero…¿podremos profesorado, alumnado y familias con nuestros propios medios y recursos, garantizar el derecho a la educación de todos, conseguir el objetivo que nos marca la consejería de Educación y evitar que se pierda el curso, como quiere la ministra?, ¿y que van ha hacer o están haciendo esos poderes públicos?
Según el informe de La Sociedad Digital en España casi el 20 % de los hogares andaluces carece de acceso a Internet. Según el documento de estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía 2020 de la Consejería de empleo, empresa y comercio, esta estrategia pretende lograr que el 50 % o más de los hogares andaluces estén abonados a conexiones de Internet de 100 Mpbs o superior. En el curso 2019/2020 según los propios datos de la consejería 1.813.000 es el alumnado entre la pública, la privada y la concertada en todos los niveles que hay en Andalucía.
Por tanto, sin hacer muchas más cuentas podemos decir que cientos de miles de alumnos/as en Andalucía no tienen acceso a Internet, y por tanto, mientras durante esta suspensión de la actividad docente presencial, con una docencia telemática, no tendrán derecho a la educación.
A todo ese alumnado sin internet ni dispositivos para su acceso, que queda sin derecho a la educación, hay que añadir el alumnado que aunque disponga de conexión a Internet, no pueda disponer de un ordenador propio o una tablet, porque en el hogar solo tengan uno o dos dispositivos y sean varios hermanos/as y/o que los padres tengan que usarlos para teletrabajar.
Y no digamos el alumnado más desfavorecido socio-económicamente, que no es solo que no disponga de conexión a Internet ni dispositivo, sino que ni si quiera tiene una habitación o sitio adecuado para estudiar, porque toda la familia vive en una vivienda pequeña de 50 o 60 m2. Solo recordar que los datos de paro en Andalucía son de los mayores de todas las comunidades, o que la mayoría de los barrios más pobres y deprimidos de España están en las ciudades andaluzas.
Bueno, y que van ha hacer o están haciendo los poderes públicos competentes en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para al menos garantizar que esa delegación de sus obligaciones constitucionales pueda ser desempeñada correctamente por el profesorado, el alumnado y las familias. Pues mediante la mencionada circular de 2 de abril, sobre procesos de enseñanza-aprendizaje en esta “situación” de docencia telemática, insisto, 20 días después de ordenar el cierre de los centros, nos dicen que; los órganos de los centros educativos; equipos y departamentos de orientación, de coordinación docente y pedagógica, órganos colegiados, tutores y tutoras, profesorado y equipos directivos “desarrollen las actuaciones que estimen pertinentes para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, “…y la atención personal, educativa y emocional del alumnado”, que rehagan y modifiquen las programaciones educativas y todos sus elementos para adaptarlos a la enseñanza telemática, y aquí viene lo bueno, o lo mejor, para “aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica, no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento del alumnado”, “se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas.”
Y eso es todo, amigos, para cientos de miles de alumnos y alumnas andaluces, en pleno confinamiento durante el estado de alarma la Consejería de Educación propone que tengan una educación consistente en llamadas telefónicas y cartas postales de sus maestros, profesores y tutores. Y para el resto, que el profesorado lo hagamos todo, que hagamos lo que estimemos pertinente y necesario, incluyendo el apoyo emocional.
Y en la circular piden al profesorado y los centros que tomen “las medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”. Consejos vendo, que para mí no tengo, ¿y qué hace la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en estas condiciones de confinamiento y enseñanza telemática decretada por ellos mismos para que el alumnado que no tiene Internet pueda tener “igualdad efectiva, acceso y permanencia en el sistema educativo” de la misma manera que el alumnado que sí tiene acceso a Internet?.
Y para el alumnado que tiene Internet y ordenador, y va a tener el derecho a la educación telemático, los padres y madres tienen que hacer de maestros y maestras en sus casas, hacerles el horario escolar a sus hijos, explicarles, ayudarles y resolverles dudas de las tareas, y para los más pequeños descargarles las tareas, mandar las realizadas a los maestros/as, todo ello al tiempo que esos padres y madres en algunos casos tienen que teletrabajar. Y los maestros/as y profesores/as, tienen varios grupos de alumnos/as y/o imparten varias asignaturas, tienen que realizar todo su trabajo adaptando todo sobre la marcha a la enseñanza on line. Todo ello padres, madres, maestros y maestras y profesorado en su conjunto debemos realizarlo, no lo olvidemos, en situación de confinamiento severo, de encierro domiciliario, con incertidumbre sobre la duración del mismo, con incertidumbre ante el futuro en general y laboral en particular, con saturación informativa negativa sobre la pandemia, información del aumento diario de los datos de infectados, contagiados y muertos, con miedo al contagio o a multas cuando tengamos que salir a la calle por las necesidades y supuestos previstos legalmente, con un trabajo que tenemos que realizar en nuestra casa, el profesorado, sin que eso haya sido elegido voluntariamente, que se expande en las 24 horas del día e incluso se mezcla lo laboral con lo personal, en definitiva, unas condiciones laborales psicológicamente exigentes, que pueden provocar estres, sobrecarga de trabajo, ansiedad, depresión, síndrome de estar quemado, etc Vamos a tener que ir haciendo aplausos también para maestros, padres y madres que están haciendo de maestros con sus hijos e hijas, porque desde los poderes públicos, no podemos esperar, por lo que se ve mucho más que la mencionada circular de de la Consejería de Educación.
Ya es hora de valorar y reconocer a nuestros servicios públicos y a los profesionales que los prestan; la sanidad, la educación, los cuidados en especial a personas vulnerables, mayores, dependientes, etc. y ya es hora de mejorar la inversión en los mismos y revertir los recortes y prohibir las privatizaciones, porque la salud, la educación y los cuidados de nuestros mayores no solo no se deben deteriorar o poner en riesgo, sino que no se debe hacer negocio con ellos, ahora estamos viendo más claramente las consecuencias.
Seamos positivos, que es lo que nos dicen en los medios estos días, y además de la anterior enseñanza que extraemos de esta crisis, imaginemos también una legislación y un estado más favorable a los servicios públicos, y en particular a la educación y a la cultura. Indagando un poco en nuestra historia.
Hace ya casi un siglo, Blas Infante planteaba su candidatura a las cortes constituyentes de la II república, y la explicaba en su libro “La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. En el mismo, sobre la educación planteaba, una critica al gobierno de la II república por “seguir considerando a las Universidades, institutos y escuelas como centros burocráticos elaboradores de títulos de capacidad que engañan al pueblo.” Y defendía como criterio de su candidatura, que aquellas (universidades, institutos y escuelas) debían convertirse en “centros de preparación cultural e investigación científica con profesores contratados.” Reivindicaba: “ejercicio libre de la enseñanza y de profesiones y el discernimiento por el pueblo con su reconocimiento práctico de las verdaderas capacidades.” Terminaba reivindicaba una: “enseñanza en todos sus grados absolutamente gratuita, con la obligación para las empresas industriales y comerciales de compensar con horas de trabajo extraordinarias, las ordinarias que necesitaran los estudiantes obreros para las asistencia a las clases.” Juzguen cada uno si estas críticas y alternativas pueden tener actualidad y necesidad de consideración hoy en día.
En el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919, Blas Infante y el andalucismo histórico proponían hacer efectiva la constitución Andaluza aprobada por la asamblea federalista de Antequera en 1883, la cual proponía en su artículo 9 la educación como derecho para la autonomía individual: “El derecho a la instrucción gratuita hasta en sus más altos desarrollos”. Infante y los propios andalucistas en el Manifiesto de Córdoba lo desarrollaban: “Queremos dotar de absoluta autonomía a los Centros de Enseñanza, instrucción gratuita en todos sus grados y la enseñanza obligatoria…”, “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de maestros y profesores, con pensiones periódicas en el extranjero, los cuales sirvan las escuelas y Centros docentes de la Región, aportando a ellos los alientos civilizadores de Europa”. “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de médicos e higienistas, que cuiden de la salud...y velen por la salubridad de municipios y región”.
Mas atrás en nuestra historia el propio Infante busca también ejemplos positivos e inspiradores, dice en el libro “La verdad sobre el complot de Tablada…”: “En Andalucía (ya en el s. VIII) todo el mundo sabía leer y escribir. Europa germánica, es un anfictionado, bárbaro, inspirado por el Pontífice de Roma. Nadie, ni aún los nobles, exceptuando al clero, sabía leer y escribir.” “Pequeños reinos, (Taifas) eran academias presididas por los príncipes. Europa, viene a aprender a nuestras universidades. Traduce nuestros libros y prepara con ciencia andaluza su renacimiento. Todos sus grandes hombres, teólogos, filósofos, médicos, poetas, son discípulos de Andalucía”
El viernes 13 de marzo la Junta de Andalucía ordenó que a partir del lunes 16 de marzo fuese suspendida la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz en todas sus etapas, literalmente de un día para otro, sin más, cerrojazo a los centros sin ningún tipo de instrucciones, de coordinación, de planificación y preparación previa. Recordemos que la enfermedad se conoce desde mediados de diciembre de 2019, en enero el gobierno español puso a disposición de los investigadores todos los medios necesarios y los primeros casos en España son de finales de febrero.
Según el artículo 27.6 de la constitución española del 78: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, …con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.”
Los centros docentes son, por tanto, constitucionalmente el sustento material para la garantía del derecho a la educación, pero con el cierre de los centros y la suspensión de la docencia presencial ordenada por la Junta de Andalucía,¿cómo ha quedado afectado ese derecho a la educación de todos?, pues dichos centros, de facto, mediante la mencionada orden de la Junta de desempeño de la actividad docente de manera telemática, han sido sustituidos por los domicilios particulares de los maestros y maestras, profesorado, familias y alumnado, por sus habitaciones o despachos, por sus mesas, sillas y ordenadores personales o sus tablets, por sus conexiones a internet, por sus teléfonos móviles y sus datos, en definitiva, por las propiedades personales y por la buena voluntad y formación del profesorado para buscar y utilizar software, plataformas, recursos digitales en las redes, y por su capacidad para adaptar programaciones y materiales didácticos a las peculiaridades de las enseñanzas on line, y todo esto literalmente, de un día para otro y sobre la marcha.
En resumen, el poder público, la comunidad Autónoma de Andalucía que tiene las competencias de educación, ha hecho dejación de sus obligaciones, ha dejado de disponer los medios materiales para garantizar el derecho a la educación de todos, para que pasemos a garantizarlo, profesorado, alumnado y familias, y esto sin ninguna participación efectiva de los sectores afectados en semejante decisión. Si, esos mismos que se declaran constitucionalistas, que han dicho hasta la saciedad que la ley hay que cumplirla, y que la constitución hay que cumplirla.
La ministra de educación declaraba tras la reunión con los consejeros de educación de las comunidades que: “El curso no se va a perder por esta suspensión de la docencia presencial, y retornaremos a las aulas a mediados o finales de mayo antes de su finalización”.
Las autoridades educativas de la Junta de Andalucía, tras 20 días sin unas instrucciones u orientaciones de como implementar la actividad docente telemática, por fin las publican mediante una circular de 2 abril de 2020, y nos dicen: “El objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento escolar por esta situación, no achacable a su voluntad sino a las circunstancias tan especiales que vivimos”. A parte del eufemismo, la situación es que estamos confinados en nuestras casas, y las circunstancias tan especiales es que hay una pandemia, con muchos infectados y muertos y un estado de alarma decretado por el gobierno y prorrogado por las cortes.
Pero…¿podremos profesorado, alumnado y familias con nuestros propios medios y recursos, garantizar el derecho a la educación de todos, conseguir el objetivo que nos marca la consejería de Educación y evitar que se pierda el curso, como quiere la ministra?, ¿y que van ha hacer o están haciendo esos poderes públicos?
Según el informe de La Sociedad Digital en España casi el 20 % de los hogares andaluces carece de acceso a Internet. Según el documento de estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía 2020 de la Consejería de empleo, empresa y comercio, esta estrategia pretende lograr que el 50 % o más de los hogares andaluces estén abonados a conexiones de Internet de 100 Mpbs o superior. En el curso 2019/2020 según los propios datos de la consejería 1.813.000 es el alumnado entre la pública, la privada y la concertada en todos los niveles que hay en Andalucía.
Por tanto, sin hacer muchas más cuentas podemos decir que cientos de miles de alumnos/as en Andalucía no tienen acceso a Internet, y por tanto, mientras durante esta suspensión de la actividad docente presencial, con una docencia telemática, no tendrán derecho a la educación.
A todo ese alumnado sin internet ni dispositivos para su acceso, que queda sin derecho a la educación, hay que añadir el alumnado que aunque disponga de conexión a Internet, no pueda disponer de un ordenador propio o una tablet, porque en el hogar solo tengan uno o dos dispositivos y sean varios hermanos/as y/o que los padres tengan que usarlos para teletrabajar.
Y no digamos el alumnado más desfavorecido socio-económicamente, que no es solo que no disponga de conexión a Internet ni dispositivo, sino que ni si quiera tiene una habitación o sitio adecuado para estudiar, porque toda la familia vive en una vivienda pequeña de 50 o 60 m2. Solo recordar que los datos de paro en Andalucía son de los mayores de todas las comunidades, o que la mayoría de los barrios más pobres y deprimidos de España están en las ciudades andaluzas.
Bueno, y que van ha hacer o están haciendo los poderes públicos competentes en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para al menos garantizar que esa delegación de sus obligaciones constitucionales pueda ser desempeñada correctamente por el profesorado, el alumnado y las familias. Pues mediante la mencionada circular de 2 de abril, sobre procesos de enseñanza-aprendizaje en esta “situación” de docencia telemática, insisto, 20 días después de ordenar el cierre de los centros, nos dicen que; los órganos de los centros educativos; equipos y departamentos de orientación, de coordinación docente y pedagógica, órganos colegiados, tutores y tutoras, profesorado y equipos directivos “desarrollen las actuaciones que estimen pertinentes para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, “…y la atención personal, educativa y emocional del alumnado”, que rehagan y modifiquen las programaciones educativas y todos sus elementos para adaptarlos a la enseñanza telemática, y aquí viene lo bueno, o lo mejor, para “aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica, no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento del alumnado”, “se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas.”
Y eso es todo, amigos, para cientos de miles de alumnos y alumnas andaluces, en pleno confinamiento durante el estado de alarma la Consejería de Educación propone que tengan una educación consistente en llamadas telefónicas y cartas postales de sus maestros, profesores y tutores. Y para el resto, que el profesorado lo hagamos todo, que hagamos lo que estimemos pertinente y necesario, incluyendo el apoyo emocional.
Y en la circular piden al profesorado y los centros que tomen “las medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”. Consejos vendo, que para mí no tengo, ¿y qué hace la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en estas condiciones de confinamiento y enseñanza telemática decretada por ellos mismos para que el alumnado que no tiene Internet pueda tener “igualdad efectiva, acceso y permanencia en el sistema educativo” de la misma manera que el alumnado que sí tiene acceso a Internet?.
Y para el alumnado que tiene Internet y ordenador, y va a tener el derecho a la educación telemático, los padres y madres tienen que hacer de maestros y maestras en sus casas, hacerles el horario escolar a sus hijos, explicarles, ayudarles y resolverles dudas de las tareas, y para los más pequeños descargarles las tareas, mandar las realizadas a los maestros/as, todo ello al tiempo que esos padres y madres en algunos casos tienen que teletrabajar. Y los maestros/as y profesores/as, tienen varios grupos de alumnos/as y/o imparten varias asignaturas, tienen que realizar todo su trabajo adaptando todo sobre la marcha a la enseñanza on line. Todo ello padres, madres, maestros y maestras y profesorado en su conjunto debemos realizarlo, no lo olvidemos, en situación de confinamiento severo, de encierro domiciliario, con incertidumbre sobre la duración del mismo, con incertidumbre ante el futuro en general y laboral en particular, con saturación informativa negativa sobre la pandemia, información del aumento diario de los datos de infectados, contagiados y muertos, con miedo al contagio o a multas cuando tengamos que salir a la calle por las necesidades y supuestos previstos legalmente, con un trabajo que tenemos que realizar en nuestra casa, el profesorado, sin que eso haya sido elegido voluntariamente, que se expande en las 24 horas del día e incluso se mezcla lo laboral con lo personal, en definitiva, unas condiciones laborales psicológicamente exigentes, que pueden provocar estres, sobrecarga de trabajo, ansiedad, depresión, síndrome de estar quemado, etc Vamos a tener que ir haciendo aplausos también para maestros, padres y madres que están haciendo de maestros con sus hijos e hijas, porque desde los poderes públicos, no podemos esperar, por lo que se ve mucho más que la mencionada circular de de la Consejería de Educación.
Ya es hora de valorar y reconocer a nuestros servicios públicos y a los profesionales que los prestan; la sanidad, la educación, los cuidados en especial a personas vulnerables, mayores, dependientes, etc. y ya es hora de mejorar la inversión en los mismos y revertir los recortes y prohibir las privatizaciones, porque la salud, la educación y los cuidados de nuestros mayores no solo no se deben deteriorar o poner en riesgo, sino que no se debe hacer negocio con ellos, ahora estamos viendo más claramente las consecuencias.
Seamos positivos, que es lo que nos dicen en los medios estos días, y además de la anterior enseñanza que extraemos de esta crisis, imaginemos también una legislación y un estado más favorable a los servicios públicos, y en particular a la educación y a la cultura. Indagando un poco en nuestra historia.
Hace ya casi un siglo, Blas Infante planteaba su candidatura a las cortes constituyentes de la II república, y la explicaba en su libro “La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. En el mismo, sobre la educación planteaba, una critica al gobierno de la II república por “seguir considerando a las Universidades, institutos y escuelas como centros burocráticos elaboradores de títulos de capacidad que engañan al pueblo.” Y defendía como criterio de su candidatura, que aquellas (universidades, institutos y escuelas) debían convertirse en “centros de preparación cultural e investigación científica con profesores contratados.” Reivindicaba: “ejercicio libre de la enseñanza y de profesiones y el discernimiento por el pueblo con su reconocimiento práctico de las verdaderas capacidades.” Terminaba reivindicaba una: “enseñanza en todos sus grados absolutamente gratuita, con la obligación para las empresas industriales y comerciales de compensar con horas de trabajo extraordinarias, las ordinarias que necesitaran los estudiantes obreros para las asistencia a las clases.” Juzguen cada uno si estas críticas y alternativas pueden tener actualidad y necesidad de consideración hoy en día.
En el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919, Blas Infante y el andalucismo histórico proponían hacer efectiva la constitución Andaluza aprobada por la asamblea federalista de Antequera en 1883, la cual proponía en su artículo 9 la educación como derecho para la autonomía individual: “El derecho a la instrucción gratuita hasta en sus más altos desarrollos”. Infante y los propios andalucistas en el Manifiesto de Córdoba lo desarrollaban: “Queremos dotar de absoluta autonomía a los Centros de Enseñanza, instrucción gratuita en todos sus grados y la enseñanza obligatoria…”, “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de maestros y profesores, con pensiones periódicas en el extranjero, los cuales sirvan las escuelas y Centros docentes de la Región, aportando a ellos los alientos civilizadores de Europa”. “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de médicos e higienistas, que cuiden de la salud...y velen por la salubridad de municipios y región”.
Mas atrás en nuestra historia el propio Infante busca también ejemplos positivos e inspiradores, dice en el libro “La verdad sobre el complot de Tablada…”: “En Andalucía (ya en el s. VIII) todo el mundo sabía leer y escribir. Europa germánica, es un anfictionado, bárbaro, inspirado por el Pontífice de Roma. Nadie, ni aún los nobles, exceptuando al clero, sabía leer y escribir.” “Pequeños reinos, (Taifas) eran academias presididas por los príncipes. Europa, viene a aprender a nuestras universidades. Traduce nuestros libros y prepara con ciencia andaluza su renacimiento. Todos sus grandes hombres, teólogos, filósofos, médicos, poetas, son discípulos de Andalucía”
David Juliá Díaz
90 años del asesinato de Blas Infante... ¡¡¡Y SIGUE VIVO!!! Manifiesto del Sindicato Unitario de Andalucía
El verdadero cáncer no es el absentismo
Corrupción y poder en España: capitalismo, Estado y subordinación popular
Andalucía ante una nueva oportunidad histórica: soberanía, clase y organización popular tras el 17M
El 1º de mayo no es una fecha cualquiera en el calendario. Es, ante todo, un recordatorio incómodo: todo lo que la clase trabajadora ha conquistado lo ha hecho luchando. Nada fue regalado. Y nada será regalado. En Andalucía, esta afirmación no es una consigna abstracta, sino una realidad cotidiana. Vivimos en una tierra rica en recursos y en capacidad humana, pero empobrecida por un modelo económico que nos sitúa en una posición subordinada: salarios bajos, precariedad estructural, dependencia productiva y un mercado laboral marcado por la temporalidad y la inseguridad. Desde la perspectiva del Sindicato Unitario de Andalucía, esto no es casual. Es la consecuencia lógica de un sistema —el capitalismo— cuya base es la extracción de plusvalía, es decir, la apropiación del trabajo ajeno por parte de la minoría que ostenta el poder económico y que, por ello, controla y dirige los demás poderes del Estado. En ese marco, Andalucía funciona como una colonia interna: produce riqueza, pero no la retiene. Esta realidad ya fue intuida, desde otras coordenadas históricas, por figuras como Fermín Salvochea y Blas Infante. Salvochea, desde su práctica revolucionaria y municipalista, entendió que la cuestión social no podía separarse de la vida concreta de la clase obrera. Su defensa de la justicia social, de la redistribución y de la dignidad de los más humildes no era teórica: era una forma de acción política directa frente a un orden injusto. En su experiencia, especialmente durante el cantonalismo andaluz, aparece una idea clave: sin transformación de las condiciones materiales de vida, no hay libertad real. Por su parte, Blas Infante vinculó la cuestión social con la cuestión nacional andaluza. Identificó que la situación de Andalucía no era solo económica, sino también política: una tierra subordinada, cuya riqueza era sistemáticamente apropiada desde fuera. Su pensamiento señala un punto de conexión fundamental con el análisis marxista: la necesidad de que los pueblos controlen sus propios recursos para poder garantizar justicia social. Hoy, esa doble lectura —social y territorial— sigue plenamente vigente. Y no solo en los centros de trabajo, sino también en el escenario internacional. Las guerras actuales no pueden entenderse al margen de los intereses económicos que las sostienen: control de recursos, mercados, rutas estratégicas. Mientras los pueblos ponen los muertos, el capital acumula beneficios. Y esa dinámica también nos afecta aquí. Andalucía forma parte de esa geografía del capital: bases militares, infraestructuras al servicio de estrategias externas, y una economía vulnerable a las decisiones de actores que están muy lejos de nuestra realidad. Pero si hay una expresión especialmente cruda de esa violencia estructural que convierte a seres humanos en recursos humanos, es la siniestralidad laboral. En Andalucía mueren, de media, dos trabajadores a la semana en accidentes laborales. No estamos ante hechos aislados ni inevitables. Estamos ante consecuencias directas de un modelo productivo que prioriza el beneficio sobre la vida. Falta de medidas de seguridad, ritmos de trabajo intensivos, externalizaciones, precariedad… todo ello configura un entorno donde trabajar puede costar la vida. Las cuatro muertes en el primer trimestre del año por accidentes laborales en Huelva no son una excepción. Es parte de un patrón. Nombrarlo es importante. Porque frente a la lógica deshumanizadora del sistema, que convierte las vidas en estadísticas, el movimiento obrero tiene la tarea de devolverles su dimensión concreta: eran compañeros, tenían nombres, historias, familias. Y sus muertes interpelan directamente a las condiciones en las que se organiza el trabajo. En este punto, la ética política de Salvochea vuelve a ser pertinente: no hay justicia posible si se tolera el sufrimiento evitable de la mayoría. Y, en clave andaluza, también resuena la denuncia de Infante sobre una tierra donde las condiciones de vida de su pueblo han sido históricamente subordinadas a intereses ajenos. En este contexto, las luchas actuales en Andalucía adquieren una importancia central.El actual conflicto de los compañeros del metal en Cádiz es un ejemplo claro. Es la expresión de una clase trabajadora que se niega a aceptar la pérdida constante de derechos, que se organiza y que confronta a la patronal y al sindicalismo de concertación. Su capacidad de movilización conecta con una larga tradición de lucha en la Bahía, donde la conciencia obrera ha sido históricamente un elemento de resistencia. No es casual que Cádiz, tierra de Salvochea, siga siendo hoy un referente de combatividad obrera. Del mismo modo, la situación de clase jornalera en revela otra cara del mismo sistema. La agricultura intensiva, uno de los pilares económicos de la región, se sostiene en gran medida sobre condiciones laborales y de vida que no cumplen unos mínimos de dignidad: jornadas extenuantes, salarios bajos. Considciones indignas que se convierten en condiciones de esclavitud en el sector de la clase jornalera andaluza víctimas de las mafias del tráfico de personas, a los que la Patronal no duda en usar en cualquier momento, recluidos en asentamientos sin servicios básicos y trabajando sin ningún derecho. Aquí el capital opera mediante una doble explotación: económica y social. Utiliza la vulnerabilidad administrativa y la exclusión para imponer condiciones que serían más difíciles de aplicar a otros sectores de la clase trabajadora. Esta realidad interpela directamente al ideal de justicia social que tanto Salvochea como Infante defendieron, cada uno desde su perspectiva: una sociedad donde la dignidad no dependa del origen, la condición o la posición económica.Por eso, cualquier planteamiento sindical que aspire a ser transformador debe partir de una premisa clara: no hay clase trabajadora de primera y de segunda. La división solo beneficia al capital. Desde el sindicalismo de clase que representa el Sindicato Unitario de Andalucía, la tarea es precisamente la contraria: construir unidad. Unidad entre sectores. Unidad entre territorios. Unidad entre trabajadores autóctonos y migrantes. Porque la fragmentación es una de las principales herramientas de dominación del capitalismo. Ahora bien, la unidad por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de organización y de lucha. La experiencia histórica del movimiento obrero demuestra que los derechos no se consolidan mediante la mera negociación, sino a través de la presión organizada. La huelga, la movilización y la acción colectiva no son anomalías: son mecanismos fundamentales de equilibrio frente al poder del capital. En este sentido, el sindicalismo no puede limitarse a gestionar lo existente. Tiene que aspirar a transformarlo. Eso implica plantear alternativas: control social de los sectores estratégicos, garantía de condiciones laborales dignas, acceso universal a la vivienda, fortalecimiento de los servicios públicos. Pero, sobre todo, implica cuestionar las bases mismas de un sistema que convierte la vida en mercancía. En términos que hoy podríamos releer tanto desde Marx como desde Infante, se trata de avanzar hacia una sociedad donde la riqueza producida colectivamente revierta en la mayoría social y donde los pueblos dejen de estar subordinados a intereses externos. El 1º de mayo, por tanto, no es solo una jornada reivindicativa. Es también un momento de clarificación. Frente a un modelo que genera precariedad, desigualdad y violencia —tanto en forma de guerras como de siniestralidad laboral—, la respuesta no puede ser individual. Solo puede ser colectiva. Organizarse no es una opción ideológica. Es una necesidad material. Y en Andalucía, esa necesidad es urgente. Porque aquí, más que en otros lugares, se cruzan todas las contradicciones del sistema: dependencia económica, precariedad laboral, explotación agraria, uso estratégico del territorio y una larga tradición de lucha obrera. Esa tradición no es un recuerdo. Es una herramienta. De Salvochea a Infante, de las luchas jornaleras a los conflictos actuales, hay un hilo común: la dignidad no se concede, se conquista. Y el 1º de mayo es un buen momento para recordarlo: la historia no la escriben quienes se adaptan, sino quienes se organizan y luchan. Esa sigue siendo la tarea.
Estimadas compañeras y estimados compañeros: Desde el Sindicato Unitario de Huelva queremos trasladaros nuestra profunda consternación y dolor ante el reciente fallecimiento de un trabajador del sector del metal en nuestra provincia, como consecuencia de un accidente laboral. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la grave problemática de la siniestralidad laboral, que continúa cobrándose vidas obreras de forma intolerable. Entendemos que este hecho no puede quedar en el silencio ni en la resignación. La muerte de un trabajador en su puesto de trabajo es una cuestión que interpela al conjunto de la clase trabajadora y exige una respuesta firme, unitaria y visible por parte de las organizaciones sindicales. Por todo ello, desde el Sindicato Unitario apoyamos la propuesta de la familia de nuestro compañero Mariano Álvarez Rodríguez a la convocatoria de concentración, con el objetivo de: Mostrar nuestra solidaridad con la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido. Denunciar públicamente esta muerte laboral. Exigir el esclarecimiento completo de los hechos y la depuración de responsabilidades. Reivindicar condiciones de trabajo seguras y dignas para el conjunto de la clase trabajadora. Reclamar medidas efectivas que pongan fin a esta lacra de la siniestralidad laboral. Consideramos fundamental ofrecer una respuesta unitaria del movimiento sindical, que esté a la altura de la gravedad de lo ocurrido y que contribuya a visibilizar la necesidad urgente de reforzar la prevención de riesgos laborales y la defensa de la vida y la salud de las personas trabajadoras. Viernes 20 de marzo, en la puerta principal de NATURGY desde las 14,00 a las 16,00 horas. Polígono Nuevo Puerto, calle A
La liberación de la explotación capitalista es tarea común de la clase obrera de todos los pueblos del mundo. Y las guerras provocadas por los Estados capitalistas, no solo fracturan la unidad necesaria para llevar a cabo dicha tarea sino que, aunque parezcan luchas entre naciones, solo son instrumento para la defensa de los intereses del capital. En estos momentos, esos intereses están sembrando de cadáveres de miles de trabajadores y trabajadoras las calles de las ciudades de nuestros pueblos hermanos del Mediterráneo. Entonces, si la liberación de la clase obrera andaluza requiere su unión consciente con los pueblos explotados del Mediterráneo, ¿cómo podrá realizarse mientras Andalucía continúe subordinada a una política exterior y militar que no responde a nuestras necesidades históricas —tierra, trabajo, soberanía, desarrollo industrial propio— sino a estrategias geopolíticas dictadas por centros de poder ajenos? Andalucía ha sido históricamente integrada en el capitalismo como periferia agraria, exportadora de materias primas, mano de obra barata y espacio logístico-militar. Sus puertos, su litoral y su posición estratégica en el Estrecho no han sido utilizados prioritariamente para articular un desarrollo autónomo al servicio de su pueblo, sino como piezas de un engranaje mayor: rutas comerciales controladas por grandes navieras, bases militares al servicio de alianzas armadas, enclaves turísticos orientados a la captación de renta externa. En el actual contexto de guerra global —guerras abiertas, tensiones en el norte de África, militarización del Mediterráneo oriental, control energético y migratorio— Andalucía vuelve a situarse en la frontera geopolítica. Pero esa centralidad estratégica no se traduce en soberanía popular, sino en mayor dependencia: incremento del gasto militar, consolidación de infraestructuras logísticas para la guerra, subordinación energética y alimentaria, y utilización del territorio como plataforma de proyección exterior. Frente a ello, cabe una primera crítica necesaria a quienes, invocando la seguridad, la estabilidad o la pertenencia a bloques internacionales, defienden a toda costa la participación del Estado español en esa dinámica de confrontación permanente. Su posición parte de un presupuesto falso: que la integración militar y la alineación automática con potencias dominantes garantizan prosperidad y protección. En realidad, consolidan la condición periférica de Andalucía, convierten su territorio en pieza imprescindible de una estrategia global y subordinan las prioridades sociales a los dictados del complejo militar-industrial y financiero. Nos quieren hacer creer que con la defensa (con nuestras economías, con nuestras vidas) de los intereses del capital transnacional, defienden el interés general. No son los intereses del jornalero, del trabajador portuario, del precariado turístico o del pequeño productor agrícola los que determinan estas orientaciones. Son los del capital transnacional, las industrias de defensa, las grandes distribuidoras alimentarias y los fondos de inversión que capturan la renta agraria y urbana. La guerra y la tensión permanente en el Mediterráneo elevan el precio de la energía, encarecen los alimentos, precarizarán aún más el empleo y legitiman políticas de excepción que refuerzan el control social. Al mismo tiempo, los pueblos de la otra orilla —Magreb, Oriente Próximo, Mediterráneo oriental— sufren las consecuencias más devastadoras: intervenciones, bloqueos, economías destruidas, migraciones forzadas y muertes. Y sin embargo, esos trabajadores y trabajadoras no son enemigos objetivos del pueblo andaluz, sino parte de la misma cadena de explotación que articula el capitalismo euro-mediterráneo. Aquí se impone una segunda crítica a quienes, proclamándose pacifistas o contrarios a la guerra, limitan su oposición al plano moral mientras preservan intactas las bases económicas que la generan. Rechazar la guerra sin cuestionar la lógica de acumulación capitalista que convierte territorios en plataformas estratégicas y pueblos en recursos descartables equivale a combatir los efectos y proteger la causa. La competencia interimperialista, la búsqueda de mercados y la apropiación de recursos no son anomalías del sistema; son su dinámica constitutiva. No habrá paz estable mientras persista un modelo basado en la explotación estructural y la desigualdad entre centros y periferias. Y una última crítica para quienes proclamaron en su momento ""OTAN, de entrada, NO" y ahora repiten el "No a la Guerra". A los mismos que hicieron lo posible y lo imposible para mantenernos vinculados a aquella organización criminal internacional. A los mismos que nos han involucrado en guerras como en Agfanistán, Yugoslavia, Libia, Ucrania... invocando el Derecho Internacional. Es decir, por el derecho que definía el Orden Mundial elaborado y ejecutado por las potencias capitalistas tras la II Guerra Mundial. Estos son los del Sí a las guerras legales, a las guerras que vienen a defender los intereses de las potencias capitalistas frente a los de los pueblos y la clase obrera. Hoy que, por lo que sea, defienden un orden mundial que está condenado a pasar al basurero de la historia por las conquistas sociales y económicas de la República Popular China conducida por su partido comunista. La clase obrera andaluza tiene, por tanto, una tarea histórica doble. Primero, desvelar el carácter de clase de la política exterior que convierte su territorio en plataforma militar y su economía en engranaje subordinado. Y segundo, tejer una alianza consciente con los pueblos mediterráneos explotados, basada en intereses materiales comunes: soberanía, control público de la energía, política de defensa armada, cooperación productiva sur-sur, defensa de los derechos laborales frente a la competencia a la baja impuesta por el capital. La vigilancia crítica de los acuerdos militares, de las inversiones estratégicas, de los tratados comerciales y de las políticas migratorias no es un asunto diplomático abstracto. Es parte de la lucha por el pan, la tierra y el trabajo en Andalucía. Cada euro destinado a la carrera armamentística es un euro sustraído a la reindustrialización, a la transición ecológica justa, a la educación y a la sanidad públicas. Reivindicar los intereses históricos de la clase obrera andaluza significa la afirmación de un internacionalismo mediterráneo desde abajo: el de los pueblos que comparten explotación estructural frente a centros de acumulación externos. La verdadera frontera no separa continentes; separa clases sociales. Una política exterior coherente con los intereses del pueblo andaluz exigiría prioridad a la cooperación económica equitativa con los pueblos del sur, defensa de los derechos humanos sin doble rasero y ruptura con la lógica de bloques que convierte el Mediterráneo en teatro permanente de confrontación. La lucha por esta orientación forma parte orgánica de la lucha general por la liberación de la clase obrera en Andalucía y en todos los pueblos oprimidos y explotados del Mediterráneo. Porque ningún pueblo periférico se libera aislado, y ningún trabajador gana con la guerra que enriquece a sus explotadores. Trabajadores y trabajadoras del Mediterráneo, uníos.
No sería la primera vez que el Sindicato Unitario solicita la participación de MOEVE (antes CEPSA Refinería La Rábida) en la mesa de negociación del convenio colectivo del sector de montajes. Siempre hemos considerado que son las empresas de todo el Polo Químico, encabezadas por MOEVE, las que deciden lo que pueden y lo que no pueden firmar los empresarios del metal en la negociación colectiva. Son “el negociador fantasma”: invisibles y silenciosos, pero siempre presentes, sin necesidad de invocaciones ni ritos estrafalarios. Y es lógico. En función de los costes laborales que surjan de la negociación, así tendrán que pagar más o menos a las empresas contratistas del metal por sus servicios. Sus objetivos económicos dependen de muchos factores, pero uno de los fundamentales es el coste de la mano de obra. Es decir, del precio que tendrán que pagarnos para que aceptemos dejar de ser seres humanos y pasar a ser simples recursos humanos, utilizados para su enriquecimiento con nuestro trabajo y con nuestras vidas. Como es de esperar, los representantes empresariales del montaje, siempre en defensa de sus principales clientes, niegan que la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva tenga competencia alguna en la negociación colectiva del metal. Más adelante volveremos a esta cuestión. La negociación se iniciaba a principios de 2025 con unas propuestas, a defender frente a la patronal, acordadas entre todos los sindicatos participantes. Sin embargo, conforme se iba desarrollando la negociación y se avanzaba en posibles acuerdos, se incrementaba el malestar de los trabajadores, que veían dichos acuerdos muy por debajo de las expectativas iniciales. A ello se sumaba la ira acumulada tras tantos años de condiciones laborales que dejan mucho que desear, ya que, pese a que el convenio otorga numerosas facilidades a la patronal para cubrir todos los servicios necesarios a sus clientes, es habitual el incumplimiento de lo pactado o de cualquier normativa de aplicación. Son numerosas las denuncias y demandas que interponemos por reclamación de cantidades e, incluso, por delitos contra la libertad sindical. Los trabajadores recogieron más de mil firmas para solicitar que los sindicatos participantes en la negociación convocaran una asamblea informativa sobre el transcurso de la misma. Al no ser atendida dicha solicitud, el Sindicato Unitario convocó a sus afiliados, delegados y a todos los trabajadores del metal a una asamblea en la que se tomó la decisión de convocar una huelga de 24 horas, días antes de la fecha prevista para la firma del convenio entre la patronal y la mayoría absoluta de los representantes sindicales en la mesa de negociación. Fue tan contundente la respuesta de los trabajadores a la convocatoria de la huelga del pasado 24 de noviembre que podemos afirmar que el paro fue total. Como consecuencia, se recuperó la unidad sindical, no se procedió a la firma prevista y se ajustaron las propuestas sindicales en la negociación conforme a lo decidido por los trabajadores. A pesar de ello, los trabajadores no bajan la guardia y deciden, en asambleas espontáneas, dejar de realizar horas extraordinarias, lo que enciende todas las alarmas: la patronal podía soportar un día de huelga, pero no puede soportar un solo día sin que realicemos horas extras. Los trabajadores de las contratas en MOEVE son las primeras en recibir ciertos rumores como: rescisión de contratos, advertencias a quienes aparecen en los vídeos de la huelga porque el cliente puede pedir su cabeza, etc. Estas son las propuestas que teóricamente lanza el negociador fantasma a las contratas. Tanto es así que el Sindicato Unitario ha convocado nuevamente huelga, pero en esta ocasión fuera de la jornada laboral legal, para la no realización de horas extraordinarias ni cambios de jornada que dependan de la voluntad del trabajador, con carácter indefinido hasta la firma del convenio, con el objeto de impedir actuaciones empresariales destinadas a dejar sin eficacia las medidas de presión que la ley establece para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Lo que ha conseguido el negociador fantasma es echar más leña al fuego. Recientes asambleas han anunciado la convocatoria de nuevas huelgas, más contundentes, con la participación de todos los sindicatos, así como otras medidas a adoptar en los centros de trabajo donde, a principios de año, se negocian los calendarios y la adscripción de voluntarios a guardias y retenes. Ahora nos amenazan afirmando que estas medidas pueden ser ilegales y que así lo están estudiando con sus asesores. Por nuestra parte, llevamos ya tiempo asesorados sobre la sombra de ilegalidad en la que se asientan vuestros contratos mercantiles entre contratistas y contratas. Quizá muchos de los trabajadores de las contratas del Polo Químico de Huelva podrían estar afectados por los convenios colectivos de las empresas contratistas. Esperamos que el negociador fantasma haga una de estas dos cosas: o se presente físicamente, cara a cara, en la negociación; o que, si por algún motivo no tiene las suficientes agallas para dar la cara, abandone para siempre su intervención en el convenio del metal. Las ganancias obtenidas por las empresas, así como las que se anuncian con el actual proceso de inversiones y ampliaciones, confirman lo que los trabajadores llevamos años denunciando: dinero hay, y mucho. Lo que no hay es voluntad de repartir la riqueza que generamos. Ha llegado el momento de recuperar íntegramente el poder adquisitivo robado durante años, en los que todas vuestras crisis, reestructuraciones y ajustes han recaído sistemáticamente sobre nuestras espaldas, nuestra salud y nuestras vidas. Y para más inri, todo esto ocurre en un contexto de fuertes inversiones en hidrógeno verde, presentadas como el futuro industrial de Huelva y como un supuesto ejemplo de sostenibilidad y progreso. Un modelo que, en realidad, vuelve a reproducir el mismo esquema de siempre: capitales extranjeros que multiplican sus beneficios de forma exponencial mientras dejan en esta tierra únicamente precariedad, subcontratación, salarios de miseria y derechos recortados. Pretenden convertir a Huelva en un referente mundial de la nueva energía, pero a costa de seguir explotando a quienes levantan y mantienen esas industrias. No aceptamos que el “progreso” se construya sobre jornadas interminables, horas extras forzadas, amenazas, chantajes y miedo. No aceptamos que se nos venda modernidad mientras se nos condena a condiciones laborales del siglo pasado. La clase obrera andaluza no está dispuesta a seguir pagando este modelo de saqueo. Si quieren beneficios récord, inversiones millonarias y estabilidad productiva, tendrán que aceptar también salarios dignos, derechos reales y respeto. Y si el negociador fantasma insiste en seguir actuando desde la sombra, encontrará enfrente a unos trabajadores organizados, conscientes y dispuestos a llegar hasta donde haga falta.
Camaradas: Un grupo de cinco trabajadores de la empresa DUPLACH (Villa del Río, Córdoba), tomaron la decisión de afiliarse al Sindicato Unitario de Córdoba para luchar por la mejora de sus insoportables condiciones de trabajo. Duplach emplea a un centenar de trabajadores para la fabricación de platos de ducha en sus instalaciones en el límite de los términos municipales de Lopera (Jaén) y Villa del Río (Córdoba) y ocupa una extensión de 4.500 metros cuadrados. Dicen que su principal objetivo es lograr la mejor de sus productos y servicios que consiguen debido a la seriedad y puntualidad de sus trabajadores cuyas tareas y responsabilidades se centran en complacer a cada uno de sus clientes. Y que por estos motivos, venden sus productos en Europa, Estados Unidos y Asia. Fundada en 2010, ha sufrido dos incendios. El primero en 2019 que redujo a cenizas todas las instalaciones y un trabajador de 29 años tuvo que ser trasladado al Reina Sofía de Córdoba por quemaduras en la cara. El segundo incendio se produjo en 2024 y solo afectó a una nave de almacenamiento de productos químicos de unos 400 metros cuadrados, sin ocasionar daños personales. Como podemos deducir, el cuidado por la seguridad de las instalaciones y de la vida de los trabajadores no será tan prioritario para la empresa como satisfacer a todos y cada uno de sus clientes. De hecho, los trabajadores vieron la necesidad de organizarse para la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida que las relataban de la siguiente forma: - De 9:30 a 11 horas de trabajo. - Recuperan la media hora de descanso. - Obligados a trabajar los fines de semana a 8€/hora. - Cuando no les dan la semana de vacaciones pagan por debajo de lo correspondiente. - Horas extras no pagadas. - Cuando las pagan, las pagan a 8€/hora. - Sanciones arbitrarias. - No tienen asuntos propios. - No daba todos los días correspondientes a los permisos retribuidos (matrimonio, paternidad/maternidad, etc.). - Amenazas con sanciones y/o despidos. - Presión laboral por parte de superiores. - Algunos contratos son de menos horas de los que trabajan. - No cobran lo que le viene en nomina. - No dan permiso por hospitalización de faniliar, se lo quitan de vacaciones o económicamente. - Sanciones económicas. - Solo vacaciones en verano. - Les deben vacaciones de años anteriores. - No saben las vacaciones a primeros de año, se las comunican unas semanas antes. - Hacen firmar recibí de EPIS sin entregarlos. - Falta de EPIS y de seguridad laboral. - Contratos que no se ajustan al puesto de trabajo. Tras varias conversaciones en el Sindicato Unitario de Córdoba se tomó la decisión de constituir una sección sindical a la que se fueron afiliando numerosos trabajadores y trabajadoras. Se procedió a convocar una asamblea de afiliados y afiliadas para tal fin y la empresa procedió al despido fulminante de quienes creía que eran los cabecillas. A continuación todos los demás afiliados y afiliadas procedieron a darse de baja voluntariamente del sindicato. Según la carta de despido, el motivo de los despidos fueron: - Bajada de productividad: Pero ¿bajada con respecto a qué o a quién? Sin justificantes ni comparativas de meses anteriores ni con compañeros que desempeñaban el mismo trabajo. - Desaparición del puesto: Sin justificación de la supresión del puesto que se ha mantenido hasta nuestros días. Unos meses después de los despidos, otro trabajador se pone en contacto con los recursos humanos de la empresa y les dice que se ha afiliado al Sindicato Unitario y, a continuación, les reclamaba algunas deficiencias de seguridad en la empresa. Al día siguiente no le dejaron ni abrir la taquilla. Otro fulminante despido. Y a pesar de los despidos, los aplazamientos del juicio, casi 2 años para que se haga justicia, y la persecución judicial a la que nos está sometiendo la empresa, con demandas por lo penal a los trabajadores despedidos y a las organizaciones que les han apoyado (Sindicato Unitario de Andalucía y Nación Andaluza), nos dicen que siguen fuertes y unidos, con ganas de luchar por la justicia y la clase obrera. Y que “no nos van a amedrentar”. Efectivamente, además de los despidos, la empresa nos demanda por la vía penal al Sindicato Unitario de Andalucía y a Nación Andaluza y nos piden varios miles de euros por hacer videos, concentraciones y manifestaciones en solidaridad con nuestros afiliados. Ya hemos acudido a unas nueve conciliaciones en las que no hemos reconocido los hechos que nos quieren imputar. Según el dueño, gerente y amo, en la empresa no hace falta organización sindical de los trabajadores pues ya cuentan con un buzón de sugerencias donde todos sus trabajadores pueden hacerles llegar todo tipo de sugerencias. Camaradas: este es uno de esos momentos en los que todos seamos uno. Para el próximo 1 de octubre hemos convocado una manifestación en Villa del Río (Córdoba), con salida en las puertas de la fábrica y finalización en la plaza del Ayuntamiento, para lo que os hacemos el llamamiento de participar en la misma a toda la afiliación que le sea posible (habrá coches y/o autobús). El objetivo: Denunciar públicamente la falta de libertad sindical en Duplash, mostrar nuestra solidaridad con los despedidos y advertir que no pararemos hasta que se respeten todos los derechos laborales en la empresa, la readmisión de los despedidos y el desestimiento de las demandas contra las organizaciones que les han apoyado.. Nos necesitamos todos en Villa del Río el próximo 1 de Octubre. Salud. Andalucía, 24 de septiembre de 2025 Secretaría Federal Colegiada
AUDECA S.L. es la concesionaria del servicio de limpieza viaria en Ayamonte. La empresa forma parte del GRUPO ELECNOR que obtuvo un beneficio de 50,15 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone multiplicar por dos (+100,6%) las ganancias. Los trabajadores de AUDECA realizan servicios profesionales de gestión de residuos, limpiezas viarias, mantenimiento y conservación de infraestructuras a través de contratos con ayuntamientos y otros organismos y administraciones públicas. Es decir, es una de esas empresas que sin producir, generan beneficios. Son empresas parásitas que, como en Ayamonte, se enriquecen con los recursos públicos de los vecinos y vecinas, mientras que explotan a los ayamontinos que tienen contratados. Hemos solicitado la intervención del que se supone responsable y jefe de todos los servicios públicos, el alcalde, y nos dice que no tiene responsabilidad en el asunto. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha emitido varios informes en los que plantea que la gestión municipal de los servicios públicos es más económica y de mayor calidad que la gestión privada de los mismos. Entonces ¿para qué se mantiene privatizado este y otros servicios públicos en nuestra ciudad? Ya sabemos que la empresa privada gana y lo trabajadores y los residentes ayamontinos perdemos. Y ahora sabemos, además que cuando la dirección de la empresa comete un error administrativo se lo hacen pagar, y caro, a los trabajadores. Hemos convocado una concentración de delegadas y delegados del Sindicato Unitario de Ayamonte a las puertas del Ayuntamiento el pasado día 31 de julio en solidaridad con el compañero despedido y para dar a conocer el caso a vecinos y vecinas. Al poco de comenzar el acto, se nos acerca el alcalde, Alberto Fernández, que mantiene una conversación con el afectado en presencia de representantes del Sindicato Unitario, miembros de la Corporación Municipal y compañeros del trabajador despedido y de otros sectores. Tras la conversación, el alcalde se compromete a la reincorporación del trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba, cuando salga la próxima licitación del servicio, que se llevará a cabo una vez que pase el verano y las fiestas de la Patrona el 8 de septiembre. Comprometiéndose a respetarle la antigüedad hasta el momento del despido y a partir de ese momento la que determine el juzgado ante la demanda interpuesta por nuestros servicios jurídicos. Tras el compromiso del alcalde dimos por finalizada la concentración, manteniéndonos vigilantes hasta ver cumplir el compromiso de la readmisión del compañero.
