Andalucía ante una nueva oportunidad histórica: soberanía, clase y organización popular tras el 17M

El 1º de mayo no es una fecha cualquiera en el calendario. Es, ante todo, un recordatorio incómodo: todo lo que la clase trabajadora ha conquistado lo ha hecho luchando. Nada fue regalado. Y nada será regalado. En Andalucía, esta afirmación no es una consigna abstracta, sino una realidad cotidiana. Vivimos en una tierra rica en recursos y en capacidad humana, pero empobrecida por un modelo económico que nos sitúa en una posición subordinada: salarios bajos, precariedad estructural, dependencia productiva y un mercado laboral marcado por la temporalidad y la inseguridad. Desde la perspectiva del Sindicato Unitario de Andalucía, esto no es casual. Es la consecuencia lógica de un sistema —el capitalismo— cuya base es la extracción de plusvalía, es decir, la apropiación del trabajo ajeno por parte de la minoría que ostenta el poder económico y que, por ello, controla y dirige los demás poderes del Estado. En ese marco, Andalucía funciona como una colonia interna: produce riqueza, pero no la retiene. Esta realidad ya fue intuida, desde otras coordenadas históricas, por figuras como Fermín Salvochea y Blas Infante. Salvochea, desde su práctica revolucionaria y municipalista, entendió que la cuestión social no podía separarse de la vida concreta de la clase obrera. Su defensa de la justicia social, de la redistribución y de la dignidad de los más humildes no era teórica: era una forma de acción política directa frente a un orden injusto. En su experiencia, especialmente durante el cantonalismo andaluz, aparece una idea clave: sin transformación de las condiciones materiales de vida, no hay libertad real. Por su parte, Blas Infante vinculó la cuestión social con la cuestión nacional andaluza. Identificó que la situación de Andalucía no era solo económica, sino también política: una tierra subordinada, cuya riqueza era sistemáticamente apropiada desde fuera. Su pensamiento señala un punto de conexión fundamental con el análisis marxista: la necesidad de que los pueblos controlen sus propios recursos para poder garantizar justicia social. Hoy, esa doble lectura —social y territorial— sigue plenamente vigente. Y no solo en los centros de trabajo, sino también en el escenario internacional. Las guerras actuales no pueden entenderse al margen de los intereses económicos que las sostienen: control de recursos, mercados, rutas estratégicas. Mientras los pueblos ponen los muertos, el capital acumula beneficios. Y esa dinámica también nos afecta aquí. Andalucía forma parte de esa geografía del capital: bases militares, infraestructuras al servicio de estrategias externas, y una economía vulnerable a las decisiones de actores que están muy lejos de nuestra realidad. Pero si hay una expresión especialmente cruda de esa violencia estructural que convierte a seres humanos en recursos humanos, es la siniestralidad laboral. En Andalucía mueren, de media, dos trabajadores a la semana en accidentes laborales. No estamos ante hechos aislados ni inevitables. Estamos ante consecuencias directas de un modelo productivo que prioriza el beneficio sobre la vida. Falta de medidas de seguridad, ritmos de trabajo intensivos, externalizaciones, precariedad… todo ello configura un entorno donde trabajar puede costar la vida. Las cuatro muertes en el primer trimestre del año por accidentes laborales en Huelva no son una excepción. Es parte de un patrón. Nombrarlo es importante. Porque frente a la lógica deshumanizadora del sistema, que convierte las vidas en estadísticas, el movimiento obrero tiene la tarea de devolverles su dimensión concreta: eran compañeros, tenían nombres, historias, familias. Y sus muertes interpelan directamente a las condiciones en las que se organiza el trabajo. En este punto, la ética política de Salvochea vuelve a ser pertinente: no hay justicia posible si se tolera el sufrimiento evitable de la mayoría. Y, en clave andaluza, también resuena la denuncia de Infante sobre una tierra donde las condiciones de vida de su pueblo han sido históricamente subordinadas a intereses ajenos. En este contexto, las luchas actuales en Andalucía adquieren una importancia central.El actual conflicto de los compañeros del metal en Cádiz es un ejemplo claro. Es la expresión de una clase trabajadora que se niega a aceptar la pérdida constante de derechos, que se organiza y que confronta a la patronal y al sindicalismo de concertación. Su capacidad de movilización conecta con una larga tradición de lucha en la Bahía, donde la conciencia obrera ha sido históricamente un elemento de resistencia. No es casual que Cádiz, tierra de Salvochea, siga siendo hoy un referente de combatividad obrera. Del mismo modo, la situación de clase jornalera en revela otra cara del mismo sistema. La agricultura intensiva, uno de los pilares económicos de la región, se sostiene en gran medida sobre condiciones laborales y de vida que no cumplen unos mínimos de dignidad: jornadas extenuantes, salarios bajos. Considciones indignas que se convierten en condiciones de esclavitud en el sector de la clase jornalera andaluza víctimas de las mafias del tráfico de personas, a los que la Patronal no duda en usar en cualquier momento, recluidos en asentamientos sin servicios básicos y trabajando sin ningún derecho. Aquí el capital opera mediante una doble explotación: económica y social. Utiliza la vulnerabilidad administrativa y la exclusión para imponer condiciones que serían más difíciles de aplicar a otros sectores de la clase trabajadora. Esta realidad interpela directamente al ideal de justicia social que tanto Salvochea como Infante defendieron, cada uno desde su perspectiva: una sociedad donde la dignidad no dependa del origen, la condición o la posición económica.Por eso, cualquier planteamiento sindical que aspire a ser transformador debe partir de una premisa clara: no hay clase trabajadora de primera y de segunda. La división solo beneficia al capital. Desde el sindicalismo de clase que representa el Sindicato Unitario de Andalucía, la tarea es precisamente la contraria: construir unidad. Unidad entre sectores. Unidad entre territorios. Unidad entre trabajadores autóctonos y migrantes. Porque la fragmentación es una de las principales herramientas de dominación del capitalismo. Ahora bien, la unidad por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de organización y de lucha. La experiencia histórica del movimiento obrero demuestra que los derechos no se consolidan mediante la mera negociación, sino a través de la presión organizada. La huelga, la movilización y la acción colectiva no son anomalías: son mecanismos fundamentales de equilibrio frente al poder del capital. En este sentido, el sindicalismo no puede limitarse a gestionar lo existente. Tiene que aspirar a transformarlo. Eso implica plantear alternativas: control social de los sectores estratégicos, garantía de condiciones laborales dignas, acceso universal a la vivienda, fortalecimiento de los servicios públicos. Pero, sobre todo, implica cuestionar las bases mismas de un sistema que convierte la vida en mercancía. En términos que hoy podríamos releer tanto desde Marx como desde Infante, se trata de avanzar hacia una sociedad donde la riqueza producida colectivamente revierta en la mayoría social y donde los pueblos dejen de estar subordinados a intereses externos. El 1º de mayo, por tanto, no es solo una jornada reivindicativa. Es también un momento de clarificación. Frente a un modelo que genera precariedad, desigualdad y violencia —tanto en forma de guerras como de siniestralidad laboral—, la respuesta no puede ser individual. Solo puede ser colectiva. Organizarse no es una opción ideológica. Es una necesidad material. Y en Andalucía, esa necesidad es urgente. Porque aquí, más que en otros lugares, se cruzan todas las contradicciones del sistema: dependencia económica, precariedad laboral, explotación agraria, uso estratégico del territorio y una larga tradición de lucha obrera. Esa tradición no es un recuerdo. Es una herramienta. De Salvochea a Infante, de las luchas jornaleras a los conflictos actuales, hay un hilo común: la dignidad no se concede, se conquista. Y el 1º de mayo es un buen momento para recordarlo: la historia no la escriben quienes se adaptan, sino quienes se organizan y luchan. Esa sigue siendo la tarea.

Estimadas compañeras y estimados compañeros: Desde el Sindicato Unitario de Huelva queremos trasladaros nuestra profunda consternación y dolor ante el reciente fallecimiento de un trabajador del sector del metal en nuestra provincia, como consecuencia de un accidente laboral. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la grave problemática de la siniestralidad laboral, que continúa cobrándose vidas obreras de forma intolerable. Entendemos que este hecho no puede quedar en el silencio ni en la resignación. La muerte de un trabajador en su puesto de trabajo es una cuestión que interpela al conjunto de la clase trabajadora y exige una respuesta firme, unitaria y visible por parte de las organizaciones sindicales. Por todo ello, desde el Sindicato Unitario apoyamos la propuesta de la familia de nuestro compañero Mariano Álvarez Rodríguez a la convocatoria de concentración, con el objetivo de: Mostrar nuestra solidaridad con la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido. Denunciar públicamente esta muerte laboral. Exigir el esclarecimiento completo de los hechos y la depuración de responsabilidades. Reivindicar condiciones de trabajo seguras y dignas para el conjunto de la clase trabajadora. Reclamar medidas efectivas que pongan fin a esta lacra de la siniestralidad laboral. Consideramos fundamental ofrecer una respuesta unitaria del movimiento sindical, que esté a la altura de la gravedad de lo ocurrido y que contribuya a visibilizar la necesidad urgente de reforzar la prevención de riesgos laborales y la defensa de la vida y la salud de las personas trabajadoras. Viernes 20 de marzo, en la puerta principal de NATURGY desde las 14,00 a las 16,00 horas. Polígono Nuevo Puerto, calle A

La liberación de la explotación capitalista es tarea común de la clase obrera de todos los pueblos del mundo. Y las guerras provocadas por los Estados capitalistas, no solo fracturan la unidad necesaria para llevar a cabo dicha tarea sino que, aunque parezcan luchas entre naciones, solo son instrumento para la defensa de los intereses del capital. En estos momentos, esos intereses están sembrando de cadáveres de miles de trabajadores y trabajadoras las calles de las ciudades de nuestros pueblos hermanos del Mediterráneo. Entonces, si la liberación de la clase obrera andaluza requiere su unión consciente con los pueblos explotados del Mediterráneo, ¿cómo podrá realizarse mientras Andalucía continúe subordinada a una política exterior y militar que no responde a nuestras necesidades históricas —tierra, trabajo, soberanía, desarrollo industrial propio— sino a estrategias geopolíticas dictadas por centros de poder ajenos? Andalucía ha sido históricamente integrada en el capitalismo como periferia agraria, exportadora de materias primas, mano de obra barata y espacio logístico-militar. Sus puertos, su litoral y su posición estratégica en el Estrecho no han sido utilizados prioritariamente para articular un desarrollo autónomo al servicio de su pueblo, sino como piezas de un engranaje mayor: rutas comerciales controladas por grandes navieras, bases militares al servicio de alianzas armadas, enclaves turísticos orientados a la captación de renta externa. En el actual contexto de guerra global —guerras abiertas, tensiones en el norte de África, militarización del Mediterráneo oriental, control energético y migratorio— Andalucía vuelve a situarse en la frontera geopolítica. Pero esa centralidad estratégica no se traduce en soberanía popular, sino en mayor dependencia: incremento del gasto militar, consolidación de infraestructuras logísticas para la guerra, subordinación energética y alimentaria, y utilización del territorio como plataforma de proyección exterior. Frente a ello, cabe una primera crítica necesaria a quienes, invocando la seguridad, la estabilidad o la pertenencia a bloques internacionales, defienden a toda costa la participación del Estado español en esa dinámica de confrontación permanente. Su posición parte de un presupuesto falso: que la integración militar y la alineación automática con potencias dominantes garantizan prosperidad y protección. En realidad, consolidan la condición periférica de Andalucía, convierten su territorio en pieza imprescindible de una estrategia global y subordinan las prioridades sociales a los dictados del complejo militar-industrial y financiero. Nos quieren hacer creer que con la defensa (con nuestras economías, con nuestras vidas) de los intereses del capital transnacional, defienden el interés general. No son los intereses del jornalero, del trabajador portuario, del precariado turístico o del pequeño productor agrícola los que determinan estas orientaciones. Son los del capital transnacional, las industrias de defensa, las grandes distribuidoras alimentarias y los fondos de inversión que capturan la renta agraria y urbana. La guerra y la tensión permanente en el Mediterráneo elevan el precio de la energía, encarecen los alimentos, precarizarán aún más el empleo y legitiman políticas de excepción que refuerzan el control social. Al mismo tiempo, los pueblos de la otra orilla —Magreb, Oriente Próximo, Mediterráneo oriental— sufren las consecuencias más devastadoras: intervenciones, bloqueos, economías destruidas, migraciones forzadas y muertes. Y sin embargo, esos trabajadores y trabajadoras no son enemigos objetivos del pueblo andaluz, sino parte de la misma cadena de explotación que articula el capitalismo euro-mediterráneo. Aquí se impone una segunda crítica a quienes, proclamándose pacifistas o contrarios a la guerra, limitan su oposición al plano moral mientras preservan intactas las bases económicas que la generan. Rechazar la guerra sin cuestionar la lógica de acumulación capitalista que convierte territorios en plataformas estratégicas y pueblos en recursos descartables equivale a combatir los efectos y proteger la causa. La competencia interimperialista, la búsqueda de mercados y la apropiación de recursos no son anomalías del sistema; son su dinámica constitutiva. No habrá paz estable mientras persista un modelo basado en la explotación estructural y la desigualdad entre centros y periferias. Y una última crítica para quienes proclamaron en su momento ""OTAN, de entrada, NO" y ahora repiten el "No a la Guerra". A los mismos que hicieron lo posible y lo imposible para mantenernos vinculados a aquella organización criminal internacional. A los mismos que nos han involucrado en guerras como en Agfanistán, Yugoslavia, Libia, Ucrania... invocando el Derecho Internacional. Es decir, por el derecho que definía el Orden Mundial elaborado y ejecutado por las potencias capitalistas tras la II Guerra Mundial. Estos son los del Sí a las guerras legales, a las guerras que vienen a defender los intereses de las potencias capitalistas frente a los de los pueblos y la clase obrera. Hoy que, por lo que sea, defienden un orden mundial que está condenado a pasar al basurero de la historia por las conquistas sociales y económicas de la República Popular China conducida por su partido comunista. La clase obrera andaluza tiene, por tanto, una tarea histórica doble. Primero, desvelar el carácter de clase de la política exterior que convierte su territorio en plataforma militar y su economía en engranaje subordinado. Y segundo, tejer una alianza consciente con los pueblos mediterráneos explotados, basada en intereses materiales comunes: soberanía, control público de la energía, política de defensa armada, cooperación productiva sur-sur, defensa de los derechos laborales frente a la competencia a la baja impuesta por el capital. La vigilancia crítica de los acuerdos militares, de las inversiones estratégicas, de los tratados comerciales y de las políticas migratorias no es un asunto diplomático abstracto. Es parte de la lucha por el pan, la tierra y el trabajo en Andalucía. Cada euro destinado a la carrera armamentística es un euro sustraído a la reindustrialización, a la transición ecológica justa, a la educación y a la sanidad públicas. Reivindicar los intereses históricos de la clase obrera andaluza significa la afirmación de un internacionalismo mediterráneo desde abajo: el de los pueblos que comparten explotación estructural frente a centros de acumulación externos. La verdadera frontera no separa continentes; separa clases sociales. Una política exterior coherente con los intereses del pueblo andaluz exigiría prioridad a la cooperación económica equitativa con los pueblos del sur, defensa de los derechos humanos sin doble rasero y ruptura con la lógica de bloques que convierte el Mediterráneo en teatro permanente de confrontación. La lucha por esta orientación forma parte orgánica de la lucha general por la liberación de la clase obrera en Andalucía y en todos los pueblos oprimidos y explotados del Mediterráneo. Porque ningún pueblo periférico se libera aislado, y ningún trabajador gana con la guerra que enriquece a sus explotadores. Trabajadores y trabajadoras del Mediterráneo, uníos.

No sería la primera vez que el Sindicato Unitario solicita la participación de MOEVE (antes CEPSA Refinería La Rábida) en la mesa de negociación del convenio colectivo del sector de montajes. Siempre hemos considerado que son las empresas de todo el Polo Químico, encabezadas por MOEVE, las que deciden lo que pueden y lo que no pueden firmar los empresarios del metal en la negociación colectiva. Son “el negociador fantasma”: invisibles y silenciosos, pero siempre presentes, sin necesidad de invocaciones ni ritos estrafalarios. Y es lógico. En función de los costes laborales que surjan de la negociación, así tendrán que pagar más o menos a las empresas contratistas del metal por sus servicios. Sus objetivos económicos dependen de muchos factores, pero uno de los fundamentales es el coste de la mano de obra. Es decir, del precio que tendrán que pagarnos para que aceptemos dejar de ser seres humanos y pasar a ser simples recursos humanos, utilizados para su enriquecimiento con nuestro trabajo y con nuestras vidas. Como es de esperar, los representantes empresariales del montaje, siempre en defensa de sus principales clientes, niegan que la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva tenga competencia alguna en la negociación colectiva del metal. Más adelante volveremos a esta cuestión. La negociación se iniciaba a principios de 2025 con unas propuestas, a defender frente a la patronal, acordadas entre todos los sindicatos participantes. Sin embargo, conforme se iba desarrollando la negociación y se avanzaba en posibles acuerdos, se incrementaba el malestar de los trabajadores, que veían dichos acuerdos muy por debajo de las expectativas iniciales. A ello se sumaba la ira acumulada tras tantos años de condiciones laborales que dejan mucho que desear, ya que, pese a que el convenio otorga numerosas facilidades a la patronal para cubrir todos los servicios necesarios a sus clientes, es habitual el incumplimiento de lo pactado o de cualquier normativa de aplicación. Son numerosas las denuncias y demandas que interponemos por reclamación de cantidades e, incluso, por delitos contra la libertad sindical. Los trabajadores recogieron más de mil firmas para solicitar que los sindicatos participantes en la negociación convocaran una asamblea informativa sobre el transcurso de la misma. Al no ser atendida dicha solicitud, el Sindicato Unitario convocó a sus afiliados, delegados y a todos los trabajadores del metal a una asamblea en la que se tomó la decisión de convocar una huelga de 24 horas, días antes de la fecha prevista para la firma del convenio entre la patronal y la mayoría absoluta de los representantes sindicales en la mesa de negociación. Fue tan contundente la respuesta de los trabajadores a la convocatoria de la huelga del pasado 24 de noviembre que podemos afirmar que el paro fue total. Como consecuencia, se recuperó la unidad sindical, no se procedió a la firma prevista y se ajustaron las propuestas sindicales en la negociación conforme a lo decidido por los trabajadores. A pesar de ello, los trabajadores no bajan la guardia y deciden, en asambleas espontáneas, dejar de realizar horas extraordinarias, lo que enciende todas las alarmas: la patronal podía soportar un día de huelga, pero no puede soportar un solo día sin que realicemos horas extras. Los trabajadores de las contratas en MOEVE son las primeras en recibir ciertos rumores como: rescisión de contratos, advertencias a quienes aparecen en los vídeos de la huelga porque el cliente puede pedir su cabeza, etc. Estas son las propuestas que teóricamente lanza el negociador fantasma a las contratas. Tanto es así que el Sindicato Unitario ha convocado nuevamente huelga, pero en esta ocasión fuera de la jornada laboral legal, para la no realización de horas extraordinarias ni cambios de jornada que dependan de la voluntad del trabajador, con carácter indefinido hasta la firma del convenio, con el objeto de impedir actuaciones empresariales destinadas a dejar sin eficacia las medidas de presión que la ley establece para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Lo que ha conseguido el negociador fantasma es echar más leña al fuego. Recientes asambleas han anunciado la convocatoria de nuevas huelgas, más contundentes, con la participación de todos los sindicatos, así como otras medidas a adoptar en los centros de trabajo donde, a principios de año, se negocian los calendarios y la adscripción de voluntarios a guardias y retenes. Ahora nos amenazan afirmando que estas medidas pueden ser ilegales y que así lo están estudiando con sus asesores. Por nuestra parte, llevamos ya tiempo asesorados sobre la sombra de ilegalidad en la que se asientan vuestros contratos mercantiles entre contratistas y contratas. Quizá muchos de los trabajadores de las contratas del Polo Químico de Huelva podrían estar afectados por los convenios colectivos de las empresas contratistas. Esperamos que el negociador fantasma haga una de estas dos cosas: o se presente físicamente, cara a cara, en la negociación; o que, si por algún motivo no tiene las suficientes agallas para dar la cara, abandone para siempre su intervención en el convenio del metal. Las ganancias obtenidas por las empresas, así como las que se anuncian con el actual proceso de inversiones y ampliaciones, confirman lo que los trabajadores llevamos años denunciando: dinero hay, y mucho. Lo que no hay es voluntad de repartir la riqueza que generamos. Ha llegado el momento de recuperar íntegramente el poder adquisitivo robado durante años, en los que todas vuestras crisis, reestructuraciones y ajustes han recaído sistemáticamente sobre nuestras espaldas, nuestra salud y nuestras vidas. Y para más inri, todo esto ocurre en un contexto de fuertes inversiones en hidrógeno verde, presentadas como el futuro industrial de Huelva y como un supuesto ejemplo de sostenibilidad y progreso. Un modelo que, en realidad, vuelve a reproducir el mismo esquema de siempre: capitales extranjeros que multiplican sus beneficios de forma exponencial mientras dejan en esta tierra únicamente precariedad, subcontratación, salarios de miseria y derechos recortados. Pretenden convertir a Huelva en un referente mundial de la nueva energía, pero a costa de seguir explotando a quienes levantan y mantienen esas industrias. No aceptamos que el “progreso” se construya sobre jornadas interminables, horas extras forzadas, amenazas, chantajes y miedo. No aceptamos que se nos venda modernidad mientras se nos condena a condiciones laborales del siglo pasado. La clase obrera andaluza no está dispuesta a seguir pagando este modelo de saqueo. Si quieren beneficios récord, inversiones millonarias y estabilidad productiva, tendrán que aceptar también salarios dignos, derechos reales y respeto. Y si el negociador fantasma insiste en seguir actuando desde la sombra, encontrará enfrente a unos trabajadores organizados, conscientes y dispuestos a llegar hasta donde haga falta.

Camaradas: Un grupo de cinco trabajadores de la empresa DUPLACH (Villa del Río, Córdoba), tomaron la decisión de afiliarse al Sindicato Unitario de Córdoba para luchar por la mejora de sus insoportables condiciones de trabajo. Duplach emplea a un centenar de trabajadores para la fabricación de platos de ducha en sus instalaciones en el límite de los términos municipales de Lopera (Jaén) y Villa del Río (Córdoba) y ocupa una extensión de 4.500 metros cuadrados. Dicen que su principal objetivo es lograr la mejor de sus productos y servicios que consiguen debido a la seriedad y puntualidad de sus trabajadores cuyas tareas y responsabilidades se centran en complacer a cada uno de sus clientes. Y que por estos motivos, venden sus productos en Europa, Estados Unidos y Asia. Fundada en 2010, ha sufrido dos incendios. El primero en 2019 que redujo a cenizas todas las instalaciones y un trabajador de 29 años tuvo que ser trasladado al Reina Sofía de Córdoba por quemaduras en la cara. El segundo incendio se produjo en 2024 y solo afectó a una nave de almacenamiento de productos químicos de unos 400 metros cuadrados, sin ocasionar daños personales. Como podemos deducir, el cuidado por la seguridad de las instalaciones y de la vida de los trabajadores no será tan prioritario para la empresa como satisfacer a todos y cada uno de sus clientes. De hecho, los trabajadores vieron la necesidad de organizarse para la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida que las relataban de la siguiente forma: - De 9:30 a 11 horas de trabajo. - Recuperan la media hora de descanso. - Obligados a trabajar los fines de semana a 8€/hora. - Cuando no les dan la semana de vacaciones pagan por debajo de lo correspondiente. - Horas extras no pagadas. - Cuando las pagan, las pagan a 8€/hora. - Sanciones arbitrarias. - No tienen asuntos propios. - No daba todos los días correspondientes a los permisos retribuidos (matrimonio, paternidad/maternidad, etc.). - Amenazas con sanciones y/o despidos. - Presión laboral por parte de superiores. - Algunos contratos son de menos horas de los que trabajan. - No cobran lo que le viene en nomina. - No dan permiso por hospitalización de faniliar, se lo quitan de vacaciones o económicamente. - Sanciones económicas. - Solo vacaciones en verano. - Les deben vacaciones de años anteriores. - No saben las vacaciones a primeros de año, se las comunican unas semanas antes. - Hacen firmar recibí de EPIS sin entregarlos. - Falta de EPIS y de seguridad laboral. - Contratos que no se ajustan al puesto de trabajo. Tras varias conversaciones en el Sindicato Unitario de Córdoba se tomó la decisión de constituir una sección sindical a la que se fueron afiliando numerosos trabajadores y trabajadoras. Se procedió a convocar una asamblea de afiliados y afiliadas para tal fin y la empresa procedió al despido fulminante de quienes creía que eran los cabecillas. A continuación todos los demás afiliados y afiliadas procedieron a darse de baja voluntariamente del sindicato. Según la carta de despido, el motivo de los despidos fueron: - Bajada de productividad: Pero ¿bajada con respecto a qué o a quién? Sin justificantes ni comparativas de meses anteriores ni con compañeros que desempeñaban el mismo trabajo. - Desaparición del puesto: Sin justificación de la supresión del puesto que se ha mantenido hasta nuestros días. Unos meses después de los despidos, otro trabajador se pone en contacto con los recursos humanos de la empresa y les dice que se ha afiliado al Sindicato Unitario y, a continuación, les reclamaba algunas deficiencias de seguridad en la empresa. Al día siguiente no le dejaron ni abrir la taquilla. Otro fulminante despido. Y a pesar de los despidos, los aplazamientos del juicio, casi 2 años para que se haga justicia, y la persecución judicial a la que nos está sometiendo la empresa, con demandas por lo penal a los trabajadores despedidos y a las organizaciones que les han apoyado (Sindicato Unitario de Andalucía y Nación Andaluza), nos dicen que siguen fuertes y unidos, con ganas de luchar por la justicia y la clase obrera. Y que “no nos van a amedrentar”. Efectivamente, además de los despidos, la empresa nos demanda por la vía penal al Sindicato Unitario de Andalucía y a Nación Andaluza y nos piden varios miles de euros por hacer videos, concentraciones y manifestaciones en solidaridad con nuestros afiliados. Ya hemos acudido a unas nueve conciliaciones en las que no hemos reconocido los hechos que nos quieren imputar. Según el dueño, gerente y amo, en la empresa no hace falta organización sindical de los trabajadores pues ya cuentan con un buzón de sugerencias donde todos sus trabajadores pueden hacerles llegar todo tipo de sugerencias. Camaradas: este es uno de esos momentos en los que todos seamos uno. Para el próximo 1 de octubre hemos convocado una manifestación en Villa del Río (Córdoba), con salida en las puertas de la fábrica y finalización en la plaza del Ayuntamiento, para lo que os hacemos el llamamiento de participar en la misma a toda la afiliación que le sea posible (habrá coches y/o autobús). El objetivo: Denunciar públicamente la falta de libertad sindical en Duplash, mostrar nuestra solidaridad con los despedidos y advertir que no pararemos hasta que se respeten todos los derechos laborales en la empresa, la readmisión de los despedidos y el desestimiento de las demandas contra las organizaciones que les han apoyado.. Nos necesitamos todos en Villa del Río el próximo 1 de Octubre. Salud. Andalucía, 24 de septiembre de 2025 Secretaría Federal Colegiada

AUDECA S.L. es la concesionaria del servicio de limpieza viaria en Ayamonte. La empresa forma parte del GRUPO ELECNOR que obtuvo un beneficio de 50,15 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone multiplicar por dos (+100,6%) las ganancias. Los trabajadores de AUDECA realizan servicios profesionales de gestión de residuos, limpiezas viarias, mantenimiento y conservación de infraestructuras a través de contratos con ayuntamientos y otros organismos y administraciones públicas. Es decir, es una de esas empresas que sin producir, generan beneficios. Son empresas parásitas que, como en Ayamonte, se enriquecen con los recursos públicos de los vecinos y vecinas, mientras que explotan a los ayamontinos que tienen contratados. Hemos solicitado la intervención del que se supone responsable y jefe de todos los servicios públicos, el alcalde, y nos dice que no tiene responsabilidad en el asunto. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha emitido varios informes en los que plantea que la gestión municipal de los servicios públicos es más económica y de mayor calidad que la gestión privada de los mismos. Entonces ¿para qué se mantiene privatizado este y otros servicios públicos en nuestra ciudad? Ya sabemos que la empresa privada gana y lo trabajadores y los residentes ayamontinos perdemos. Y ahora sabemos, además que cuando la dirección de la empresa comete un error administrativo se lo hacen pagar, y caro, a los trabajadores. Hemos convocado una concentración de delegadas y delegados del Sindicato Unitario de Ayamonte a las puertas del Ayuntamiento el pasado día 31 de julio en solidaridad con el compañero despedido y para dar a conocer el caso a vecinos y vecinas. Al poco de comenzar el acto, se nos acerca el alcalde, Alberto Fernández, que mantiene una conversación con el afectado en presencia de representantes del Sindicato Unitario, miembros de la Corporación Municipal y compañeros del trabajador despedido y de otros sectores. Tras la conversación, el alcalde se compromete a la reincorporación del trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba, cuando salga la próxima licitación del servicio, que se llevará a cabo una vez que pase el verano y las fiestas de la Patrona el 8 de septiembre. Comprometiéndose a respetarle la antigüedad hasta el momento del despido y a partir de ese momento la que determine el juzgado ante la demanda interpuesta por nuestros servicios jurídicos. Tras el compromiso del alcalde dimos por finalizada la concentración, manteniéndonos vigilantes hasta ver cumplir el compromiso de la readmisión del compañero.

Fermín Salvochea, la Constitución de Antequera de 1883 y Blas Infante El espíritu de Salvochea y de la revolución cantonal La figura de Fermín Salvochea es producto de los profundos anhelos de libertad y justicia social de las masas trabajadoras y jornaleras andaluzas y su posición de rebeldía ante sus miserables condiciones de trabajo y existencia que los lleva a las luchas por la revolución social una y otra vez a lo largo de nuestra historia. El legado de Fermín Salvochea fue guiarse por los principios, la ética revolucionaria para conducirse en la vida y en las luchas como base para construir la una nueva sociedad de justicia social, como explica Pedro Vallina, amigo y camarada de militancia obrera en el libro que escribe sobre Salvochea. Llevó a la práctica esos principios, siendo el principal de los mismos la toma de posición en favor de los explotados y victimas del sistema capitalista en sus luchas por su liberación en toda su vida. Como militante de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) y dirigente del movimiento obrero, organizando huelgas y manifestaciones de los primeros de mayo. Así como en su desempeño como alcalde republicano de Cádiz y como presidente del Cantón de Cádiz durante la revolución cantonal, donde justificaba el levantamiento para salvar a la república y al pueblo de la tiranía. En su desempeño gobernando el cantón realiza desde el poder las principales reivindicaciones obreras y populares del momento, jornada de 8 horas, subida de salarios, supresión de impuestos a productos de primera necesidad, separación iglesia-estado, etc. La revolución cantonal surgió como respuesta de los republicanos federales denominados intransigentes, entre ellos los andaluces, a la traición del gobierno de la I República española a las promesas de construcción de una verdadera democracia que estructurara el poder, la soberanía “de abajo arriba” como medio para realizar las aspiraciones de revolución social que diera solución a las reivindicaciones obreras y populares. Los republicanos federales andaluces con su revolución cantonal nos legaron la lucha por la realización y defensa práctica de la democracia como poder del pueblo, en este caso el pueblo andaluz y con ello de Andalucía y su soberanía expresada en la proclamación de independencia de Despeñaperros. La constitución andaluza de 1883: legado de los federales andaluces intransigentes y de su revolución cantonal Con la sangrienta derrota de la revolución cantonal, muere también la I República española tras un golpe de Estado y la Restauración borbónica con la derogación de todos los derechos y libertades democráticas. Y no será hasta las elecciones a Cortes de 1881 (fraudulentas como era costumbre en la época en la que los caciques dirigían el sentido del voto popular), que se restauraron la libertad de prensa, de reunión y de asociación, cuando el Partido Republicano Federal pudo recomponerse. Tras las asambleas oportunas toman la decisión de redactar su programa político para una España republicana y federal en forma de propuesta constitucional. Y en 1883 se presentaron diecisiete propuestas de constituciones regionales tras las correspondientes asambleas federales regionales que en Andalucía se convocó en Antequera. La constitución andaluza de 1883 (CA83 en adelante) contiene y sintetiza un programa revolucionario de liberación nacional y de clase, programa revolucionario completo del que careció la revolución cantonal en 1873 cuando se llevó a cabo por los republicanos federales andaluces del sector intransigente.El estado propuesto en la CA83 construye su estructura política a partir de las asambleas comunales de los municipios como órganos o instituciones de poder político popular legislativo democrático que hacen las leyes del municipio con plenas competencias sobre todos los asuntos públicos, materias que afectan a la vida de los vecinos y vecinas del municipio. Además tienen poder de control, fiscalización, elección y revocación de todos los cargos públicos. En la andaluza hay un hecho diferencial constitucional único, el punto de partida que establece dicha constitución respecto a donde reside el poder, la soberanía. Todas las demás constituciones republicanas a las que hemos podido acceder, dicen su artículo primero que la soberanía de la región o estado emana del pueblo pero está encaminada a la formación de una nueva autoridad de ámbito superior exterior a la región, la república federal española. Mientras que la andaluza establece que la soberanía, el poder no proviene de ninguna autoridad exterior sino de los cantones que constituyen la federación andaluza, que a su vez están constituidos por municipios y estos por vecinos y vecinas en asambleas comunales. De esta manera el poder emana real y efectivamente del pueblo. Y por tanto, Andalucía, el pueblo andaluz, no admite órdenes de ninguna autoridad exterior a los cantones andaluces. Esta posición respecto a la soberanía, al poder es la concreción de la promesa traiciona por los liberales y republicanos federales y el presidente Pi y Margal de la I República española de construir la república federal “de abajo arriba”, traición que motivó precisamente el levantamiento de la revolución cantonal. Otras características también únicas de la CA83 que desarrollan la idea del poder o soberanía “de abajo arriba” es que está formada a su vez por tres constituciones, la del municipio, la del cantón (como federación de municipios compartiendo competencia comunes delegadas por éstos) y la de la región o estado (como federación de cantones igualmente con competencias delegadas por éstos). Y además la constitución de la región o estado establece la posibilidad del estado de federarse con otros que compartan los mismos principios democráticos y de soberanía expuestos. Así no hay límite a la construcción de la organización o estado verdaderamente democrático más que la voluntad de los pueblos por convivir juntos cuando comparten principios de liberación. A la vez que esta condición refleja una propuesta de relación en términos de igualdad y respeto mutuo con otros pueblos. Sin embargo, los republicanos federales españoles en el resto de sus constituciones que hemos podido conocer de las distintas regiones asumen el límite, el marco del estado español, que no es más que los restos o herencia que dejó el declive del imperio español. La constitución andaluza también da cauce a las reivindicaciones obreras y anhelos de revolución social para satisfacerlas, al establecer como objetivo del futuro estado que rija la constitución andaluza la verdadera igualdad social y preparar su consecución definitiva mediante la independencia económica de todos. Entendiendo como entendemos por igualdad social, como entendió Blas Infante, aquella en la que todos tenemos el derecho a obtener todos los bienes necesarios, espirituales y materiales, para la vida, para la existencia. Por lo que entendemos que la independencia económica de todos incluye la independencia del trabajo asalariado o de cualquier trabajo que se haga en dependencia de otros. Por tanto, además de una constitución democrática entendemos que la andaluza es una constitución que sirve para la construcción del socialismo. Además en su contenido establece la participación de la clase obrera en la planificación de la economía y la toma de decisiones políticas de todo el estado, teniendo una parte de la representación del parlamento para representantes obreros elegidos democráticamente. Blas Infante y el andalucismo revolucionario nueva vida de Salvochea y los federales andaluces El nexo entre Salvochea e Infante está en su pensamiento, su obra, sus principios y su lucha, así como en las similitudes del contexto histórico de crisis capitalista y de régimen en sus épocas respectivas. Pero también lo representa Pedro Vallina, contemporáneo, amigo personal y camarada de luchas de ambos. Vallina trabajo codo con codo con Salvochea en la organización del movimiento obrero y luego con Infante en la organización del andalucismo revolucionario. Blas Infante planteará en 1915 en el Ideal Andaluz, la necesidad de la lucha contra los obstáculos que mantienen a nuestro pueblo en una situación de postración, colonización, dominación y explotación, como medio para dar solución a lo que llamará más adelante en el complot de Tablada como los dolores de Andalucía. Los principales obstáculos a quitar los denomina Infante como la dictadura político-administrativa, como primer obstáculo contra el que luchar así como también contra la dictadura económica social. Y por dónde empezar la lucha según Infante, es en el municipio contra la dictadura político-administrativa. Las asambleas comunales municipales de la constitución de Antequera son el órgano, instrumento adecuado de liberación al que aspirar conquistar en ese proceso de lucha, para dar solución a los dolores, siendo necesario para ello despertar en los vecinos y vecinas el ansia, el deseo, la necesidad de participar y decidir sobre los asuntos públicos. Blas Infante, planteará más adelante en 1921 con la publicación de la dictadura Pedagógica, la necesidad de un poder revolucionario y cómo tiene que ser tal poder para realizar sus fines de liberación e igualdad social. Así como el proceso de lucha para conquistar un poder de tal naturaleza, desde la situación de partida con la clase dominante burguesa en el poder del estado. De las primeras cuestiones que plantea Infante en la dictadura pedagógica, ya desde su introducción es la propuesta de elaborar e implantar una constitución social incluso por la fuerza. Para ello propone la creación o constitución en cada país de lo que viene a llamar “la liga de los hombres contra la fiera (o bestia) “. Entendiendo por fiera, o bestia que también emplea más adelante, una metáfora de la inhumanidad, la crueldad, la dominación y explotación de unos pueblos y unos seres humanos sobre otros y su derivada inevitable en una sociedad de dominación de clases capitalista. Y entendiendo por hombres, los seres humanos más evolucionados precisamente en su humanidad. Prosigue Infante en la misma introducción de la obra, planteando cuales deben ser los fines y los medios de esta liga de hombres contra la fiera. Los fines, imponer una constitución social. Respecto a los medios, no excluye, el uso de la fuera, sino que más bien lo ve plenamente justificado y necesario, dadas las circunstancias sociales (prebélicas y bélicas en el contexto de crisis capitalista que deriva en guerras y periodo de entreguerras y rearme generalizado), de manera que plantea sugiere una bélica organización militar de esa liga de los hombres. Así también lo entendieron los revolucionarios cantonales tomaron: el poder e impusieron sus medidas constituidos en milicias. Una constitución social mediante cuya vigencia los derechos de todos estuvieran real y efectivamente asegurados, se reconoce la dignidad del trabajo y regula la eliminación de privilegios políticos, de poder y económicos de apropiación por unos pocos, propietarios y clases dominantes capitalistas de los excedentes de la riqueza producida socialmente. Precisamente la constitución andaluza establece como objetivo el advenimiento de la verdadera igualdad social y la independencia económica de todos, que es una manera de expresar el objetivo de la supresión de las clases sociales y con ellas la supresión de la explotación y la dominación de la oligarquía capitalista sobre el pueblo y la clase obrera. Todo ello tendría como posibilidad y consecuencia poner los recursos o excedentes sociales al servicio de todas las necesidades para la vida de la comunidad o sociedad dirigida por tal constitución y poder revolucionario. Por eso Infante, y en coherencia con la propuesta de un poder revolucionario para llevar adelante un programa revolucionario y los medios para alcanzarlo, también en la misma obra de la dictadura pedagógica se declara “amigo y soldado fervoroso seremos siempre de todas las revoluciones o de todos los poderes revolucionarios enemigos de la dictadura plutocrática o burguesa”. Salvochea fue principal dirigente de la revolución cantonal andaluza precisamente contra la I republica régimen político de dominación burguesa que negó la democracia y las demandas obreras. Infante dirá en 1931 en su obra “El complot de tablada…” no hemos construido el nuevo edificio (metáfora del nuevo estado) mientras los hombres del gobierno provisional de la república siguen soportando bajo el arrimo de sus hombros el peso del caduco e inhabitable edificio del viejo estado, con cuyo derrumbamiento inevitable la catástrofe sobrevendrá. Como efectivamente ocurrió con el golpe de estado fascista de 1936 y la posterior guerra civil convertida por los fascistas en guerra de exterminio ideológico. Salvochea y la revolución cantonal representaron una propuesta en la práctica de la construcción de un nuevo edificio, de un nuevo estado democrático y de igualdad social. Completa Infante el razonamiento con la conclusión y comprobación de la incapacidad de rectificación de la clase dominante y su estado en el poder, que denomina la dictadura plutocrático (gobierno de los ricos) burguesa. Incapacidad de rectificación dice que además los condena al perecimiento. Igualmente Salvochea defendió la revolución social y declaraba, según escribe su amigo Vallina, que no esperaba nada de los parlamentos, ni si quiera de uno republicano, como había quedado demostrado en toda Europa y España donde habían surgido revoluciones democrático burguesas en alianza con los obreros que luego los políticos republicanos una vez llegados al poder por la revolución habían traicionado las aspiraciones democráticas y sociales que inspiraron las mismas. Conclusiones A partir del hecho y resultado de la revolución cantonal y del pensamiento y obra de Infante es que solo un poder revolucionario puede sostener y desarrollar un programa revolucionario, un proceso de cambio social radical en todos los órdenes. La base inicial, el primer paso para la consecución de la igualdad social es la construcción de un estado democrático revolucionario a través de órganos de poder del pueblo: asamblea municipal, comuna, soviet, etc Salvochea e Infante, el republicanismo intransigente andaluz y el andalucismo revolucionario forman parte de la misma corriente de pensamiento, del mismo espíritu, la construcción de un poder popular democrático liberador en proceso desde la base los seres humanos constituidos en colectivo en su primer lugar de vida, el municipio, pero en un proceso abierto y sin más límites que la Humanidad. Todo este pensamiento y obra no está ni ha sido puesto en valor por revolucionarios, liberadores, anticapitalistas, comunistas... andaluces. Tanto de Salvochea en el ejercicio del poder revolucionario o como presidente del cantón de Cádiz como de Infante proponiendo una revolución socialista-comunista, la toma del poder, etc. que venimos exponiendo. Siempre perseguido, ocultado, negado, tergiversado, amputado, manipulado, usado... no ya por los poderes dominantes del estado capitalista español y todas sus fuerzas políticas sino, salvo honorables excepciones, incluso por quienes oficial, formal o institucionalmente figuran o se presentan como depositarios de su legado o desde el andalucismo que aspira a gobernar al pueblo andaluz Tenemos en nuestra historia de luchas por la liberación del pueblo andaluz un pensamiento y una alternativa liberadores de los más avanzados de la humanidad que cristalizó en la constitución andaluza de 1883 y en el pensamiento y obra de Blas Infante y el andalucismo revolucionario. Un legado valiosísimo para el pueblo trabajador andaluz del que partir, cuidar, difundir, aplicar en la práctica y desarrollar para orientar y guiar las luchas revolucionarias de liberación nacional y de clase en la Andalucía del siglo XXI. Conforme la crisis y contradicciones del capitalismo se profundizan en la actualidad, es más necesario poner de manifiesto que no estamos huérfanos de alternativas liberadoras creadas por nuestro pueblo. Partiendo de ellas podremos avanzar en la construcción de un movimiento político que ponga en primera línea la propuesta y lucha por un mundo alternativo en que veamos reflejadas nuestras aspiraciones y necesidades de la clase obrera andaluza de igualdad social, libertad y felicidad.

POR LA ABSOLUCIÓN DE LOS DETENIDOS DEL METAL EN CÁDIZ LIBERTAD PARA LAS SEIS PRESAS DE LA SUIZA POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS DE DUPLACH No parar la lucha hasta la completa absolución es lo que se proponen los compañeros y compañeras de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, de la Confederación General del Trabajo y de la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz. La represión contra la clase obrera es la moneda de cambio cuando ejercemos los derechos básicos de organización, manifestación, huelga, información... reconocidos y amparados por la aún vigente Constitución de la monarquía española de 1978. En primer lugar dentro de los propios centros de trabajo donde pretender convocar elecciones sindicales o simplemente hablar con la empresa para corregir determinados incumplimientos legales por parte de la empresa pueden ser, y lo son, motivos suficientes para el despido, como por ejemplo ha hecho la empresa cordobesa Duplach que ha puesto en la calle a los cinco afiliados al Sindicato Unitario de Córdoba al pretender promover elecciones sindicales. Las leyes del Estado de Derecho de los países capitalistas están hechas para permitir a los empresarios defraudar en las relaciones laborales y para impedir el resarcimiento a las trabajadoras y trabajadores por los daños causados por los incumplimientos de los empresarios. Pero cuando ni los empresarios ni la injusta normativa laboral que surge de los parlamentos pueden con nuestra lucha pacífica, entonces intervienen los poderes del Estado con especial ensañamiento. Primero, y a las ordenes del representante del gobierno del Estado, los subdelegados del Gobierno en las provincias, usando la violencia policial. Luego, con la intervención del Poder Judicial, siempre sumiso al capital como ha ocurrido nuevamente en Cádiz contra los trabajadores más conscientes y mejor organizados del metal. De todos es conocido el buen trato de los cuerpos policiales y los jueces con los delincuentes de cuello blanco. Delincuentes ricos y cargos públicos a sus servicios. Al igual de que el buen trato que reciben los delincuentes de cuello sucio, es decir, de los delincuentes que siendo pobres se convierten en perros rabiosos y sumisos de los ricos que los entrenan y financian, como nos recuerda las imágenes de Torre Pacheco. Éstos son las fieras de la ultra-derecha. Y no sólo. Los empresarios, los gobiernos y los jueces cuentan también con los interlocutores válidos de los trabajadores. Son aquellas organizaciones sindicales protegidas por las leyes para actuar en nombre de todos sin contar con nadie. Muchas veces engrandecidas en elecciones sindicales fraudulentas en las pequeñas y medianas empresas y bien financiadas vía subvenciones y de otros medios más turbios. Estos encabezan nuestras luchas para, una vez consiguen la fuerza de la movilización, malvender nuestros derechos por menos de 30 monedas. Estas son las fieras socialdemócratas. Así se protege legalmente el capital, porque el principio jurídico fundamental que guía la acción judicial en el derecho burgués es la defensa del interés general y no el de reponer el daño causado a las víctimas que sufren una injusticia. Gracias a estos luchadores y luchadoras del metal en Cádiz que nos hace recordar a toda la clase obrera andaluza que la dignidad obrera no se vende . Que la llama que prendieron y portaron otros en otros momentos de lucha obrera, como Fermín Salvochea o Blas Infante entre otros cientos, continúa con vuestra lucha actual contra la violencia policial ordenada por el gobierno de turno, contra las leyes injustas y contra los traidores de la clase obrera, alumbrando el camino para la liberación completa de las cadenas de la explotación capitalista. Y al igual que la lucha obrera viene de lejos, sabemos que tenemos que continuarla hasta la derrota definitiva del sistema capitalista. Para lo que tenemos que seguir rearmando nuestras conciencias y nuestras organizaciones, estableciendo estrechas relaciones de colaboración y cooperación entre todas las fuerzas anti capitalistas de Andalucía. Secretaría Federal Colegiada A continuación transcribimos la intervención de la camarada Mirian, secretaria de representación del Sindicato Unitario de Córdoba, en el acto de solidaridad con las seis presas de la Suiza: (Video https://www.youtube.com/watch?v=CFD2BKjvpWk ) Compañeras, compañeros, desde el Sindicato Unitario de Córdoba hemos venido hoy a defender a quienes han sido encarceladas por organizarse, por luchar y por no agachar la cabeza ante un patrón. Las 6 de la Suiza están hoy en prisión no por delinquir, sino por hacer sindicalismo. Por defender a una trabajadora embarazada, por repartir panfletos, por protestar frente a un negocio que no pagaba ni respetaba derechos básicos. Y eso, según la justicia burguesa, se castiga con tres años y medio de cárcel. ¿Qué está pasando? ¿Qué mensaje quieren mandar? Que quien levanta la voz, se la juega. Que la cárcel está reservada para la clase trabajadora que se organiza y planta cara al capital. Nosotras lo tenemos claro, esto no es un caso aislado, esto forma parte de una ofensiva de las oligarquías contra el sindicalismo combativo y de clase. Es el mismo patrón que hemos visto en la huelga del Metal de Cádiz, con 30 detenidos y fianzas de hasta 40.000€, y que conocemos bien aquí en Córdoba. Lo vivimos con nuestros propios compañeros en la empresa Duplach, cinco trabajadores que denunciaron condiciones inhumanas y que lo único que recibieron fue acoso, despidos y represalias, 8 conciliaciones por lo penal al Sindicato Unitario de Córdoba, a nuestro anterior Secretario de Representación, a los trabajadores despedidos y a organizaciones que han mostrado su apoyo, como Nación Andaluza Córdoba. ¿Qué tienen en común estos casos? Que no hay represión contra quien calla, solo hay represión contra quien lucha. No criminalizan a quien acepta, sino a quien se organiza. Y es ahí donde nos encontramos todas: las 6 de la Suiza, los trabajadores del Metal de Cádiz, los 5 de Duplach, los trabajadores que se juegan la vida mientras otros se llenan los bolsillos. Nosotras no creemos en la justicia burguesa. No creemos en un Estado español que mira hacia otro lado cuando se acosa a una embarazada, pero se apresura a encarcelar a quienes protestan. No creemos en un sistema capitalista que legaliza la explotación y criminaliza la solidaridad. Desde el Sindicato Unitario de Córdoba lo decimos alto y claro: si defender a un compañero es delito, entonces somos culpables todas. Si hacer sindicalismo es delito, entonces que nos juzguen a todas. Porque esto no va solo de seis compañeras, esto va de todas las luchas pasadas, presentes y que están por venir. Esto va de si vamos a dejar que el miedo nos paralice y nos desorganicemos, o si vamos a responder como lo que somos: una clase, con memoria, con dignidad y con determinación. Hoy estamos aquí no solo para exigir, sino para declarar: -Que no vamos a retroceder un milímetro en la lucha de clases. -Que vamos a seguir organizándonos desde abajo, en los tajos, en los almacenes, en los polígonos, en los barrios. -Que si encarcelan a nuestras compañeras, estaremos fuera exigiendo su libertad una, diez y cien veces. -Y que la solidaridad obrera y el apoyo mutuo no es un lema, es nuestra práctica política, es nuestra forma de vivir y resistir. Compañeras, compañeros, la represión no nos va a parar. Porque la dignidad no cabe en una celda, porque unidas somos más fuertes que su miedo. Por eso lo gritamos alto, aquí en Córdoba y en todas partes: ¡Libertad para las 6 de La Suiza! ¡Basta de represión sindical! ¡Por la absolución de los trabajadores del metal de Cádiz! ¡Por la readmisión de los despedidos de Duplach en Córdoba! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva Andalucía Libre!